En la regulación de entidades públicas y gobiernos locales y regionales en Perú, se imponen barreras burocráticas que afectan la actividad económica. Para atender estos casos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) cuenta con un mecanismo específico para eliminarlas o declararlas inaplicables, y cada año fija sectores prioritarios para su fiscalización. Pero, ¿en qué sectores se concentró esa supervisión en lo que va del 2025, y cuáles serán los focos para el segundo trimestre?
Durante una exposición institucional, el Indecopi presentó además el balance económico de su labor en los últimos cinco años.
Según cifras oficiales, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y su Secretaría Técnica Regional eliminaron o inaplicaron 26,387 barreras a nivel nacional entre 2020 y 2024, lo que representa un ahorro estimado de S/ 873 millones para los agentes económicos.
Las denuncias presentadas por ciudadanos o empresas —denominadas actuaciones de parte— generaron el 81% del impacto económico, lo que equivale a S/ 706.2 millones del total ahorrado.
Por su parte, las actuaciones de oficio —aquellas iniciadas por el propio Indecopi sin denuncia previa— representaron el 19% del impacto, con un ahorro estimado de S/ 167.4 millones.
Lima concentra el mayor número de barreras detectadas, mientras que las de alcance nacional —impuestas por entidades del Poder Ejecutivo— explican S/ 624 millones del ahorro, especialmente en sectores como combustibles, edificaciones y permisos administrativos.
Impacto económico de las barreras burocráticas | Fuente: Indecopi
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Fiscalización de 2025 se centra en licencias municipales y trámites digitales
Consultados sobre las acciones más recientes, los funcionarios del Indecopi informaron que durante el primer trimestre de 2025, la fiscalización se ha concentrado en tres sectores: comercio, construcción y telecomunicaciones.
La elección responde a dos factores principales: la alta incidencia de trámites administrativos en estos sectores y las caídas en su PBI sectorial.
En el caso de comercio, la fiscalización se centra en los requisitos exigidos por las municipalidades para otorgar licencias de funcionamiento, así como en la aplicación incorrecta del silencio administrativo.
En construcción, se evalúa el cumplimiento de los procedimientos administrativos estandarizados, especialmente en licencias de edificación.
En telecomunicaciones, los esfuerzos se enfocan en las autorizaciones para instalar infraestructura como antenas o cableado, trámites que suelen enfrentar restricciones indebidas a nivel municipal.
Francisco Juan De Dios Ochoa, secretario técnico de la Secretaría Regional, precisó que estas acciones no se limitan al ámbito municipal. En paralelo, se están fiscalizando procedimientos normativos del Poder Ejecutivo, así como normas locales que afectan sectores como transporte y minería.
Un caso mencionado fue el de una ordenanza municipal que restringía el uso de una vía clave para el transporte de minerales, lo cual fue revertido por afectar el normal desarrollo de la actividad económica.
El trabajo de fiscalización se articula con un enfoque preventivo. “Capacitamos tanto a funcionarios como a gremios empresariales y ciudadanía. En 2023, más de 2,500 personas participaron. Muchos de esos municipios luego aparecen en los rankings positivos por eliminar barreras de forma voluntaria”, explicó Ochoa.
El Indecopi incluso ha creado un ranking de funcionarios públicos que promueven activamente la simplificación administrativa. Foto: Difusión.
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Uso responsable del sistema
Durante la exposición, se abordaron también los límites del sistema de eliminación de barreras.
En respuesta a casos presentados por gremios pesqueros —como la prohibición de pescar juveniles o de operar en áreas naturales protegidas—, el Indecopi señaló que el sistema no busca “impunidad empresarial”, sino eliminar únicamente aquellas barreras ilegales o carentes de razonabilidad.
“Las barreras burocráticas no son malas per se. Hay muchas que protegen el interés público. Lo que eliminamos son las que no cumplen con criterios legales o no están debidamente justificadas”, se precisó.
Además, los funcionarios públicos no son sancionados automáticamente, pues el enfoque del sistema es correctivo y preventivo. Las multas impuestas son mínimas, y en su mayoría los casos se resuelven mediante subsanación o eliminación voluntaria.
Mesa de parte virtual. Luis Marcelo Gorrio, secretario técnico de la Comisión, agregó que uno de los objetivos transversales para este año es asegurar que las mesas de partes virtuales funcionen correctamente, permitiendo a los ciudadanos presentar documentos de forma ininterrumpida las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
