Si bien las manifestaciones de protesta que paralizaron al país amainaron en los últimos meses, el clima de tensión en torno a la minería se mantiene y podría hacer rebrotar una mayor conflictividad social en los siguientes meses.
Si bien en febrero último hubo 71 casos de conflictos relacionados a la minería y en marzo crecieron a 73; en abril y en mayo superaron los 90 conflictos cada mes (95 y 94 casos, respectivamente), según reportes de la Defensoría del Pueblo.
En general, las cifras de conflictividad social en abril último alcanzaron un pico de 225 casos, y si bien en mayo la cifra descendió ligeramente, a 223 casos -de los cuales el 67.1% son atribuidos a la minería-, son las cifras más altas de la última década.
¿Qué podría llevar a una mayor conflictividad en minería?
Según José de Echave, investigador de Cooperaccion y exviceministro de Gestión Ambiental, uno de los casos que podría llevar a un resurgimiento de la conflictividad social en el corredor minero del sur, es el de los proyectos de ampliaciones de la compañía Minera Las Bambas, en Apurímac.
Se refiere a los planes de esa empresa para ampliar su zona actual de producción cuprífera, denominada Tajo Ferrobamba, que casi duplicaría el tamaño del tajo (explotación a cielo abierto), y con lo cual busca ampliar su producción.
Para el efecto, la empresa ha planteado ya una cuarta modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas (MEIA), la misma que está en proceso de ser aprobada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
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No obstante, una de las situaciones que movería a preocupación es que, según Ana Leiva, especialista legal en temas minero-ambientales, esa ampliación podría afectar a 18 comunidades, un centro poblado y tres predios privados ubicados en la zona.
Fuentes cercanas a Las Bambas señalaron que “el tajo Ferrobamba será modificado y que esto no impactará terrenos de comunidades campesinas”.
En esa línea, añadieron que “Las Bambas se encuentra en proceso de elaboración de su 4ta MEIA y viene realizando talleres de participación ciudadana en las comunidades de su área de influencia a las que informa sobre los detalles de dicho estudio”. Asimismo, señalaron que “los componentes principales a modificar se ubicarán dentro de la propiedad de Las Bambas”.
Un segundo caso importante que puede reanudar la conflictividad, según refirió De Echave, son los planes de la compañía china Zijin Mining, de reactivar el proyecto cuprífero Río Blanco, ubicado en el distrito El Carmen de la Frontera, en Piura, que espera una inversión de US$2,500 millones.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo indicó que la población de las comunidades campesinas Yanta, Segunda y Cajas, del citado distrito, rechazan las actividades de inicio de ese proyecto, debido a la posible contaminación ambiental que podría generarse sobre ecosistemas frágiles y vulnerables de los páramos y bosques de montaña.
Refirió que la última movilización contra ese proyecto se produjo en mayo último, por parte de rondas campesinas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la citada región norteña.
Según Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, no solo los procesos burocráticos, sino también los conflictos sociales están poniendo en riesgo inversiones en diez proyectos mineros, entre la construcción de nuevas minas o de expansión de operaciones en curso.
Refirió que esos proyectos suman inversiones por US$ 5,829 millones, que esperaban ponerse en marcha entre el 2023 y 2026, y que son adicionales a las postergaciones que ocurren desde el 2018 con otros proyectos como los de Tía María, Michiquillay, Ariana, Trapiche, entre otros.
Minería ilegal. La Defensoría también reporta casos crecientes de protestas sociales vinculadas a las invasiones que protagonizan mineros ilegales, que generan protestas de comunidades nativas en la región Amazonas, debido a la contaminación en su hábitat.
Con nulo gasto en defensa ambiental
Si bien la mayor parte de la conflictividad social contra la minería tiene como sustento la defensa del medio ambiente, en realidad los gobiernos regionales y locales de zonas mineras, destinan muy poco de los recursos que reciben de la minería, a proyectos de defensa ambiental.
Según observó Carlos Adrianzén, gerente de seguridad ambiental y sostenibilidad de la empresa Unacem, de los recursos entregados a las autoridades subnacionales de zonas mineras por canon, sobrecanon y regalías entre el 2012 y el 2021, apenas el 5% lo destinaron a temas ambientales.
La mirada incluso puede ampliarse. En lo que va del año, el presupuesto institucional modificado (PIM) de los gobiernos subnacionales para proyectos correspondiente al rubro 18: canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, suma S/ 11,937.3 millones para las municipalidades y S/ 3,962.8 millones para las regiones. De estos montos, lo ejecutado a la fecha es de 23% y 19%, respectivamente.
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Compromisos estatales
Federico Tenorio, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, indicó que no existe un sistema que permita conocer todas las actas y acuerdos en mesas de diálogo y compromisos asumidos por las empresas y el Estado (con las comunidades) que permitan prevenir conflictos.
“Si existiera un sistema interoperable, liderado por la PCM, para advertir a los diversos sectores sobre los compromisos asumidos, podría ayudar enormemente a la solución de conflictos”, aseveró el especialista.
Citó como ejemplo que, en el Ministerio de Energía y Minas existe una relación de compromisos obligatorios y voluntarios de las empresas, pero estos no están relacionados con la PCM ni tampoco con el Ministerio de Ambiente (Minam).
Ya el Minam adelantó a Gestión se va a empezar a fiscalizar el cumplimiento de compromisos sociales de las mineras. Aunque para Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el “Estado no es árbitro en compromisos sociales” (Gestión 08.06.2023).
