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Cuando asumió la presidenta de la República, Dina Boluarte, el 7 de diciembre del año pasado, en el sector privado y desde diversos actores de la economía se planteaba que una de las señales más claras para retomar la confianza del sector privado, era dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que restringe la tercerización laboral en el sector privado.
Sin embargo, luego de 100 días de mandato, en el Gobierno están lejos de dar marcha atrás con esta norma y, por el contrario, se reforzará la defensa, no solo del decreto que limita la tercerización laboral, sino también del Decreto Supremo N° 014-2022-TR que fortalece a los sindicatos.
Ambas normas impulsadas desde la agenda laboral de l gobierno de Pedro Castillo, denominada “Agenda 19″.
Fue el propio ministro de Trabajo, Luis Adrianzen, el que afirmó que si bien “existe la percepción” de que su sector ha descuidado o no se ha protegido adecuadamente estas normas, sí hay una defensa de la legalidad de ambos decretos por parte de la Procuraduría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). “Quiero anunciar que se está evaluando una partida presupuestal para fortalecer el equipo que acompaña a la Procuraduría (del MTPE)”, afirmó Adrianzen ante la Comisión de Trabajo del Congreso.
La intención es que con esos recursos adicionales se pueda contratar a 10 nuevos abogados, que se unirán a los 16 que actualmente asumen la defensa de estos procesos.
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Factor político
La decisión del Gobierno de reforzar la defensa de los decretos supremos va en contra de lo que esperaba el mercado, que era por lo menos una revisión de los mismos o dejarlos sin efecto .
Para el laboralista Jorge Toyama, legalmente el Gobierno podría derogar la norma, pese a haberse emitido en la administración anterior, más aún porque ya existen resoluciones de entidades como Indecopi, que están a favor de la derogatoria.
“Sin embargo, políticamente no resulta tan sencillo. Más aún cuando se está cuestionando esto a través de Indecopi y el Poder Judicial , y creen que es mejor que ellos decidan”, afirmó el abogado.
Por su parte, el laboralista Percy Alache, dijo que la decisión del MTPE de mantener como están los decretos mencionados, es equivocada, entre otras razones, porque nunca se tuvo un diálogo social entre empresas, trabajadores y Estado antes de ser publicados.
“La posición que el ministerio debe adoptar, dada la evidencia de que han habido problemas en la implementación de estas normas, aparte de la conflictividad que ha traído ante el Indecopi y el Poder Judicial, es hacer modificaciones”, afirmó.
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Caminos complicados
Para hacerle frente a la normativa del Gobierno, las empresas optaron por recurrir a Indecopi, solicitando se declare a los decretos como barrera burocrática, así como acudir al Poder Judicial solicitando acciones de amparo y presentando acciones populares para dejar sin efecto las normas.
En el caso de Indecopi, se han presentado 532 solicitudes para declarar barrera burocrática a la limitación de la tercerización laboral, de las que 415 han sido resueltas en primera instancia y todas han sido apeladas.
De todos estas, solo una tuvo resolución de Indecopi sobre el tema de fondo de la norma, el que se dio a favor de Cosapi Minería, cuya resolución incluso tiene aplicación general, pues prohíbe a Sunafil que fiscalice a las empresas sobre la tercerización de sus labores.
Esta decisión fue apelada por el MTPE, pero Indecopi cerró este camino para inaplicar la norma, pues decidió suspender el proceso y no pronunciarse sobre el fondo de la misma hasta que el Poder Judicial decida sobre las demandas de Acción Popular presentadas por las empresas. La decisión mantiene las restricciones de fiscalización de Sunafil.
Así, la decisión sobre la continuidad del decreto de restricción de la tercerización laboral está en manos del Poder Judicial, especialmente en la Acción Popular que inició una empresa pública: Sedapal (ver nota vinculada).
La información del MTPE señala que hasta ahora su posición tiene ventaja en los procesos judiciales, pues de 443 acciones de amparo presentadas contra el decreto de tercerización, solo se han resuelto 30, de las cuales 24 fueron a favor del ministerio.
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Demanda de Sedapal: clave para futuro de tercerización
Con la decisión de Indecopi de no pronunciarse sobre el fondo del decreto que limita la tercerización laboral, los ojos quedan puestos en el las acciones populares que debe resolver el Poder Judicial.
Según el MTPE son siete procesos de Acción Popular pendientes de resolver por salas constitucionales. Cuatro de ellos, los presentados por la Asociación Civil por la Integridad, Mauricio Valdez Villalobos y la presentada en conjunto por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); se acumulan al expediente presentado inicialmente por Sedapal.
“Toda la vorágine de favorabilidad de las empresas se ha detenido de golpe con este criterio de Indecopi. Hay una preocupación porque, por un lado Indecopi no debió suspender porque ve barreras burocráticas a la inversión privada, y por otro lado se le pone los reflectores al Poder Judicial”, dijo Toyama.
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Procesos tardarían tres años
El hecho que el Gobierno decida que sea la vía judicial el que determine el futuro del decreto de tercerización laboral, abre un periodo de incertidumbre que puede durar hasta tres años.
Para el laboralista, Jorge Toyama, sea cual sea la resolución del Poder Judicial sobre las acciones populares presentadas por gremios, empresas y personas naturales en contra del MTPE, quien no se vea favorecido apelará la sentencia. Con ello será la Corte Suprema la que definiría, con lo que el proceso no se resolvería en menos de un año.
Otro laboralista, Percy Alache, afirmó que dependiendo de la carga que tengan las salas, este proceso podría durar hasta tres años.
Cronología
* 7/09/21
El ministro de Trabajo, Íber Maraví, presenta la “Agenda 19″ en el Congresode la República con medidas en materia laboral .
* 23/02/22
El MTPE publica el Decreto Supremo N°001-2022-TR, que limita la tercerización laboral en las empresas del país.
* 20/05/22
Indecopi publica la Resolución 0179-2022/CEB-INDECOPI que señala que el MTPE y Sunafil no pueden fiscalizar a empresas.
* 10/08/22
Corte Superior de La Libertad otorga medida cautelar a la empresa Consorcio Minero Horizonte para continuar con tercerización.
* 18/08/22
Indecopi publica la Resolución 0289-2022/CEB-INDECOPI que declara barrera burocrática al DS de tercerización laboral.
* 27/02/23
Indecopi suspende el proceso para pronunciarse de manera definitiva sobre el fondo del DS N° 001-2022-TR.
