Los cambios propuestos al drawback desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se aplicarán hasta julio del 2025. Así lo estableció el nuevo Decreto Supremo (DS) 197-2024-EF que salió publicado durante la noche del último miércoles 23 de octubre. Con esto, la decisión de modificar su tasa aplicable no se dará hasta el próximo año, ante la oposición de diversos gremios empresariales vinculados a la exportación.
Como se recuerda, mediante el DS-189-2024-EF, publicado el pasado viernes 18 de octubre, el Gobierno dispuso llevar la tasa de restitución de los derechos arancelarios de un 3% a un 1%. Su aplicación iba a estar vigente desde fines de este mismo mes.
Sin embargo, con el DS-197-2024-EF, se decidió postergar esa reducción hasta julio del 2025. Aparte, instalarán una mesa de trabajo que abarque al sector público y privado para determinar una política que fomente las exportaciones con valor agregado.
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Para Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), es una pésima señal el hecho de que se haya decidido retrasar los cambios ya anunciados al drawback.
“Da a entender que le torcieron el brazo al MEF, que busca que se devuelva lo que efectivamente corresponde. No es un nuevo impuesto. Dado que esta norma amplia el plazo de aplicación, al no ser derogado, diría que pudo ser aún peor”, señaló.
El 21 de octubre, fuentes de Gestión informaron que esta medida se habría tomado luego de unas reuniones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con diferentes gremios, como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Exportadores (Adex), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ComexPerú, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre otras.
Ahora que se instalará una mesa de trabajo para discutir el tema, Gallardo recalcó que espera que el empresariado lleve una propuesta concreta para perfeccionar la aplicación del drawback.
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“Son varios los gremios que se han plegado en contra. ¿Qué propuesta llevarán? No debe involucrar exoneraciones y más incentivos tributarios. Hay que entender la situación que tenemos hoy con el déficit fiscal”, apuntó.
Gallardo recordó que el drawback se aplica en el Perú desde 1995 y que su tasa varió entre el 8% y el 3%, pero que nunca se perfeccionó el mecanismo para transparentar si se devolvían los derechos arancelarios como efectivamente correspondía.
“Hay distorsiones. Este mecanismo tiene décadas en el mundo, sí corresponde que se devuelva, pero en los noventa no tenían cómo calcular. Por eso fijaron un porcentaje. Hoy, con la innovación tecnológica, hay capacidad para determinarlo mejor”, apuntó.
El gerente general del IPE recordó también que, cuando laboró en Sunat en 2018, estimaron que el Estado peruano devolvía en derechos arancelarios hasta 10 veces más de lo que efectivamente debería corresponder.
“Las empresas importan ligas, cintas de embalaje, cajas y más. Pagan por ejemplo un arancel de US$ 10 y luego reciben por drawback US$ 40 mil. Entre 2010 y 2017, hubieron 3,494 beneficiarios con unos S/ 6,523 millones de restitución, pero solo el 4% de esas empresas recibió el 50% de ese monto”, aseguró.
Gallardo indicó que esta situación persiste a la fecha. Según el vocero del IPE, en el 2023, se devolvieron más de S/ 1,000 millones en drawback, el 65% de los aranceles recaudados, lo que representa dos tercios del total.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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