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El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo Nº 108-2022-PCM, el cual modifica la norma que regula aspectos relacionados al estado de emergencia causado por el covid-19, incluyendo requisitos para acceder a espacios públicos y para laborar.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación del acápite que indicaba que “toda persona que realice actividad laboral presencial, debe acreditar su esquema completo de vacunación contra la covid-19″.
También se eliminó aquel que estipulaba que los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los trabajadores de delivery, de taxi y otros tipos de transporte solo podían operar si acreditaban haber recibido todas las vacunas necesarias. Lo mismo se dio en el caso del sector salud.
Y pese a que la intención del Ejecutivo es clara, esto es, eliminar la necesidad de estar vacunado para laborar, el requisito sigue existiendo debido a una mala técnica legislativa.
-El error-
La obligación de estar vacunado para poder asistir a trabajar de manera presencial se encuentra en más de una norma. Pese a que el Ejecutivo modificó el DS Nº 016-2022-PCM, mediante esta última norma la obligación de estar vacunado aún persiste en otro documento.
La Resolución Ministerial (RM) 1275-2021-MINSA establece en el numeral 6.1 que para poder asistir al centro de trabajo se debe contar con dos dosis de la vacuna contra el covid-19, así como la de refuerzo.
Por tanto, la nueva norma del Gobierno no tiene efecto alguno en modificar la situación actual en términos laborales.
-Problema-
Germán Lora, socio del estudio Damma, explicó que el nuevo decreto emitido por el Ejecutivo va a generar mayor conflictividad.
“¿Qué va a pasar cuando los trabajadores quieran regresar a su centro de trabajo pensando que lo estipulado en el nuevo DS se los permite y el empleador tenga que negarles la entrada debido a que la obligación de vacunarse sigue vigente en la resolución ministerial del Ministerio de Salud? Se va a generar un ambiente de conflicto”, explicó Lora.
Agregó que el DS tiene mayor rango jerárquico que una RM, por lo que puede llevar a interpretaciones conflictivas no deseadas.
“Para mí, el gobierno es ignorante en legislación laboral. Han querido modificar la norma para permitir que más personas regresen al trabajo presencial quitando cláusulas de una norma y no les ha funcionado”, indicó.
