Gobierno busca devolver tubos del Gasoducto del Sur tras acabarse recursos para mantenimiento

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentará ante el Parlamento -en la siguiente semana- un proyecto de ley a fin de devolver los tubos y equipos de ingeniería de lo que iba a ser el Gasoducto del Sur -cancelado hace cinco años- debido a que el dinero previsto para su mantenimiento “se agotó”.

Martín Dávila Pérez, viceministro de Electricidad encargado del despacho de Hidrocarburos, dijo -durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas- que la decisión del Ejecutivo es devolver los tubos, ya que le cuesta al Estado peruano, como posesionario, “US$ 4.6 millones al mes”.

“A través de un Decreto de Urgencia (001-2017) se estableció que el Estado peruano, por un monto aproximado de la carta fianza que es de US$ 240 millones, cuidemos unos tubos que no son de propiedad del Estado. En ese sentido, estamos remitiendo al Congreso, la próxima semana, un proyecto de ley para devolver los tubos debido a que el dinero ya se acabó. Ya no existe dinero para cuidar esos tubos”, comentó.

La custodia de los activos del Gasoducto del Sur representa un gasto anual cercano a los US$ 47 millones. Hasta setiembre del 2021 se destinó cerca de US$ 200 millones para este fin, según Osinergmin.

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Fue hace cinco años que se encargó al regulador contratar a una empresa para que se ocupara del mantenimiento de los tubos, equipos e ingeniería (valorizados en US$ 1,678 millones), pues -en teoría- en el 2018 se iba a licitar el proyecto, hecho que nunca ocurrió.

Los recursos para el mantenimiento de estos activos -además- salieron de una multa por US$ 263 millones que Odebrecht (concesionario del Gasoducto del Sur, junto con Enagás) tuvo que pagar en enero del 2017 por incumplir con el cierre financiero del proyecto.

¿Cómo se hará esta ‘devolución’? El viceministro no dio mayores detalles de cómo se haría efectiva, ni lo que contendrá el proyecto a presentarse.

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-¿La medida es correcta?-

Para Aurelio Ochoa, experto en hidrocarburos, la decisión tomada por el Ejecutivo es correcta, porque los activos de lo que iba a ser el Gasoducto del Sur son de terceros y no del Estado peruano, por lo que no corresponde continuar manteniéndolo.

Sin embargo, la forma en la que se tiene previsto ‘devolverlo’ -a través de un proyecto de ley- podría tener un impacto negativo en los arbitrajes en curso interpuestos contra el Estado peruano por los socios del proyecto.

Hace ocho años, se adjudicó -durante el mandato de Ollanta Humala- a un consorcio conformado por las empresas Enagás, Odebrecht (hoy Novonor) y Graña y Montero (conocida actualmente como Aenza), la concesión para la masificación del gas natural con la implementación de 1,000 kilómetros de tuberías, la que debía partir del yacimiento de Camisea, en Cusco.

No obstante, los escándalos de corrupción en los que estaba envuelta Odebrecht afectaron a la concesión (el consorcio no logró concretar el cierre financiero), por lo que el 24 de enero del 2017 el Estado peruano -durante la gestión de PPK- decidió finalizar la concesión del Gasoducto del Sur al consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.

“Me llama la atención que se vaya a presentar un proyecto de ley o se necesite de una ley para devolver tubos, equipos e ingeniería del Gasoducto del Sur. No ha habido una ley específica para que el Estado mantenga esos tubos que son de terceros. De cierta manera podría interpretarse que esta responsabilidad se la están derivando al Congreso. Me parece que está no es la ruta”, arguyó.

Cabe recordar que hace cinco años -a través del DU 001- se encargó al Osinergmin la “contratación directa del administrador que tendrá a su cargo la administración, en representación del Estado Peruano, de los bienes de la concesión del proyecto ‘Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’, así como su supervisión, hasta su transferencia al sector privado”.

Esta decisión se tomó debido a que ni el reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, ni el contrato de concesión contemplaban las acciones que debería adoptar el Estado peruano, en su calidad de concedente, en el supuesto de que la concesión termine antes de la puesta en operación comercial. No obstante, el tiempo pasó y no se tomaron acciones al respecto.

Este mismo dispositivo determinó que se financie con el importe resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento al concesionario.

“Me parece que el camino -tomando en cuenta que hay arbitrajes en curso interpuestos por Odebrecht y Enagás- no es el correcto. Por el contrario, se debería tener cuidado, ya que podría tener un impacto negativo y ser un agravante para el Perú. Fue un atenuante -a favor del Estado- el haber cuidado los activos que no eran de su responsabilidad. Podría complicar los arbitrajes”, agregó.

Mientras que el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi consideró ‘extraño’ que el Perú tuviera que pagar una cifra altísima para asumir responsabilidades de terceros (en relación a los ductos, equipos e ingeniería). “Si el Gobierno quiere hacer algo así (devolver los tubos del Gasoducto del Sur) tiene que estar muy seguro de lo que hace. Tendría que haber revisado las bases de la licitación, el contrato y los compromisos asumidos después del contrato, porque si no se va a meter en un problema mayor”.

“Cualquier cosa que se haga se tendría que hacer con mucho cuidado, tomando en cuenta que hay procesos abiertos en el CIADI sobre el Gasoducto del Sur, ya que los abogados de las empresas lo pueden tomar a su favor”, puntualizó.

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Nota

• El 21 de febrero de 2020, Odebrecht (hoy Novonor) presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra del Estado Peruano por la cancelación del ahora paralizado Gasoducto Sur Peruano.
• Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la demanda interpuesta por la empresa incluye la exigencia de una indemnización de más de US$ 1,200 millones.
• Enagás también entabló una demanda contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En agosto del 2019 se informó que la firma española fijó en 490 millones de euros el valor de la demanda.