Al año y medio del control previo de fusiones: 12 operaciones aprobadas y 4 más en camino

De estos trámites, 11 fueron aprobados en lo que se llama la Fase I, mientras que un caso llegó a la Fase II, por lo que las empresas que se fusionaron tuvieron que asumir condiciones fijadas por el Indecopi para que su fusión sea aprobada.

De acuerdo a data de la entidad, 7 de las solicitudes de aprobación de fusiones vienen de empresas del extranjero, mientras que las otras 5 fueron ingresadas por empresas operando en territorio peruano (ver Gráfico).

Al respecto, el valor de las 12 operaciones que ya cuentan con resolución es de US$ 24,075 millones aproximadamente, de los cuales el 98,9% corresponde a las 7 transacciones originadas en el extranjero, según informaron el estudio Garrigues y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú (CCE).

Cabe indicar que dicha cifra incluye operaciones realizadas entre empresas transnacionales que tienen activos productivos en el país, aún si dichas empresas no constituyeron una entidad nueva en el Perú.

Por otro lado, 3 de las operaciones ingresadas al Indecopi pertenecieron al sector manufactura y tuvieron un valor total de US$ 3,510 millones, lo que representa el 14,6% del valor total de las transacciones.

“En segundo lugar, se encuentra el sector económico correspondiente a Otros Servicios, con 2 operaciones que alcanzaron en promedio un valor total de US$ 3,455 millones, equivalente al 14,4% del valor total de las transacciones”, indica el informe del estudio Garrigues y el CCE (ver Gráfico).

Predictibilidad

Según explica Ivo Gagliuffi, socio del estudio Garrigues, expresidente del Indecopi e impulsor de la promulgación de la norma de control de fusiones, el Indecopi está utilizando criterios que ya se consideran un estándar alrededor del mundo, lo que da seguridad y predictibilidad a los inversores extranjeros, por lo cual el nivel de fusiones transfronterizas sigue alto.

“De lo que estamos viendo, se viene analizando los casos como lo hacen las principales entidades de supervisión de alrededor del mundo”, señala el abogado.

En ese sentido, considera que el Indecopi está implementando la norma de manera adecuada, lo que está generando confianza entre inversionistas.

Jesús Espinoza, del Indecopi, indicó a Gestión que el número de solicitudes de aprobación de fusiones empresariales, de hecho, es mayor al que se esperaba. Este año se presentaron 20 solicitudes, pese a que las proyecciones indicaron que solo serían 15 por año.

Para Gagliuffi, pese a que existían varios temores sobre la implementación de la norma, “ya se disiparon los fantasmas” al verse que el equipo del Indecopi actúa de manera técnica y colaborativa con las empresas que fiscaliza.

Luis Miguel Elías, socio del estudio Rebaza, sin embargo, indica que aún existen factores inciertos que dañan la predictibilidad de la revisión del Indecopi.

“El Indecopi pide mucha información, mucha más de la que se pide en otros países, y ello sorprende a los inversores. Ello, hemos podido ver, depende del miembro del equipo de la entidad que analiza tu caso. Aún falta para que el engranaje sea realmente uniforme”, recalca el abogado.

Por su parte, Verónica Vergaray, socia del estudio PPU, señala que la labor del Indecopi ha sido generalmente buena pero aún se está pasando por una “curva de aprendizaje”.

Como Elías, opina que la necesidad de prudencia del Indecopi en estas épocas en las que el procedimiento aún es nuevo y el contexto político actual hacen que exista un “requerimiento de información, algunos más allá de lo que se necesita y que involucra una carga importante a las partes, que están contra el tiempo”.

Problemas de umbrales

Elías también señala que existen preocupaciones con relación a que operaciones deben pasar por el Indecopi.

“Los montos bajos de los umbrales (indicadores de valor que señalan cuando una fusión debe pasar por el Indecopi) siguen siendo una problemática”, indica el abogado, quien señala que atrapan a muchas operaciones que no tendrán impacto alguno en el mercado o en los consumidores.

“Se incluye en los umbrales la venta de activos productivos, no solo la adquisición de empresas, y eso ha llevado a un caso que pasó por el Indecopi donde se trató la venta de un edificio, lo que era difícil de creer”, señala el abogado, quien agrega que pasar por el Indecopi, además, trae consigo un costo de tiempo, en el que la empresa vendedora debe seguir operando con “incentivos distintos” a los que se tenían antes.

Jesus Espinoza, no obstante, señala que los umbrales que maneja la entidad son más altos que los de los países vecinos.

“En general, (los umbrales) están de acuerdo con los parámetros económicos que se utilizan en otros países”, coincide Vergaray.

Para la socia del estudio PPU si bien se pueden “colar” cosas que pueden no ser relevantes, los umbrales están bien y la cantidad de operaciones analizadas por parte del Indecopi es una muestra de eso (solo se han visto 20 en año y medio).

Agrega que lo que más preocupa son las posibles revisiones de oficio, mediante las que el Indecopi puede analizar una operación aún si no llega a los umbrales señalados en la ley.

“No ha habido ninguna revisión de oficio y esperemos que así sea por un tema de prudencia”, recalca.

Plazos

Cuando primero se debatía la norma del control previo de fusiones una de las principales preocupaciones de los inversionistas era que llevaría a demoras, lo que retrasaría el normal desarrollo del mercado.

Sin embargo, según el informe del estudio Garrigues y la CCE, en ningún caso se han superado los plazos legales para la aprobación de las operaciones sometidas ante el Indecopi.

En efecto, el tiempo máximo de demora para resolver una operación en Fase I es de 52 días hábiles, contando los días transcurridos en la etapa previa de admisibilidad, y el promedio se encuentra en 42.5 (ver Gráfico).

Gagliuffi señala que se espera que, con el tiempo, los plazos se vuelvan aún menores, en tanto los funcionarios acumulen experiencia.

“El Indecopi tiene 25 años aplicando un control previo de fusiones en el sector eléctrico. En dicho mercado ya saben qué hacer y saben qué documentos pedir a las partes, por lo que el proceso es más rápido. En este nuevo control cada operación trata sobre un mercado nuevo. Ahora sucederá que cuando vean nuevos casos de un sector que ya analizaron se irá más rápido”, indica.

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Elías no comparte esta opinión y la considera “complaciente”.

“Si los funcionarios del Indecopi deben pasar por una curva de aprendizaje, ¿por qué lo tienen que pagar las partes? Si el regulador no conoce el mercado relevante, ello no debería afectar a la transacción. Hoy, ello lleva a un excesivo pedido de información, que en algunos casos las empresas no tienen a la mano, y eso trae consigo una demora”, señala Elías.

Según Jesús Espinosa, del Indecopi, la entidad viene estableciendo guías y lineamientos para que el actuar de sus funcionarios sea lo más predecible posible y así generar confianza en el mercado. “Asimismo, se busca crear un mayor nivel de profesionalismo entre los abogados del sector privado que ingresan solicitudes a la entidad para que sepan con qué deben cumplir al momento de entregar información al Indecopi”, asegura.

Para Elías, pese a que se están respetando los plazos, ello no significa que se resuelva tan rápido como se podría y ello afecta a las empresas, quienes deben posponer estrategias de mercado que ya tenían listas para entrar en marcha.