Pese a que en el 2023 el Perú incumplió con el “techo” fiscal, que estaba situado en 2.4% del producto bruto interno (PBI), la agencia calificadora Fitch Ratings espera que este año se reduzca el déficit “gracias a una recuperación modesta de la economía” y “suponiendo que no se repita el gasto temporal”, pero ve grandes riesgo para su calificación.
“El déficit fiscal de Perú en 2023 pone de relieve los riesgos para el perfil crediticio soberano derivados del crecimiento moderado y la incertidumbre política que podrían extenderse a las cuentas fiscales”, dijo Fitch Ratings en su reciente informe. Aunque la crisis parece estar bajo control, la agencia calificadora apuntó que seguirá evaluando el riesgo de que las presiones fiscales y el crecimiento potencial pospandemia más débil podrían comenzar a generar déficit y deuda estructuralmente más altos en el mediano plazo.
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Fitch advirtió que “el desfase fiscal sostenido podría afectar la calificación soberana del Perú”, que actualmente se encuentra como “BBB” con perspectiva negativa. “Creemos que la estrategia de consolidación de las autoridades, que apunta a déficit del 2% del PBI este año y del 1.5% en 2025, en línea con las reglas fiscales, se basa en proyecciones de crecimiento optimistas”, indicó la agencia calificadora en su último reporte.
Como bien se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que el crecimiento de la producción nacional sería del 3% en 2024, en comparación con el 2.1% de Fitch, en el extremo inferior del crecimiento potencial.
Más riesgos
Fitch sostuvo que los riesgos fiscales existen “por la posibilidad de un mayor apoyo a Petroperú”, aunque las autoridades peruanas han indicado que no planean inyecciones de capital.
La semana pasada, Fitch Ratings decidió rebajar la calificación crediticia de Petroperú a ‘B+’ desde ‘BB+’, al mismo tiempo que ha mantenido la perspectiva negativa para la compañía, en medio de la crisis financiera que atraviesa la petrolera. “No afecta directamente la calificación soberana del Perú”, indicó.
La agencia calificadora señaló que, recientemente, el Gobierno peruano aceleró la reestructuración de Petroperú y mejoró su gobierno corporativo, cambiando el accionista mayoritario de la empresa del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio de Economía y Finanzas.
Fitch cree que la empresa estatal necesita más apoyo, ya que persisten altos niveles de deuda en un entorno de compresión de los márgenes de refinación.
Mencionó que la deuda total de Petroperú es de US$ 5,000 millones (1.9% del PBI), pero la empresa presenta pasivos contingentes ante el soberano, que brindó apoyo por un total de US$ 2,250 millones (0.9%) en 2022, incluido un préstamo directo de US$ 750 millones, una inyección de capital de US$ 1,000 millones y US$ 500 millones en garantías de préstamos. El apoyo recurrente podría convertirse en otra fuente de presión fiscal estructural.
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Precisó también que la estabilidad política y la eficacia del Gobierno se han visto afectadas en medio de la agitación política de los últimos años. La administración de la presidenta Boluarte ha obtenido poderes legislativos para aprobar algunas medidas económicas, pero el continuo estancamiento político puede poner a prueba su capacidad para evitar mayores desvíos fiscales antes de las elecciones de 2026.
“Volver al cumplimiento de la regla fiscal reforzaría la credibilidad de las políticas y ayudaría a evitar un aumento de la deuda pública”, apuntó.
Sin embargo, Fitch sostuvo que si el desafiante contexto político dañara aún más el potencial de crecimiento a mediano plazo y condujera a una política más expansiva para apoyar la economía y abordar el descontento social, esto podría perjudicar la trayectoria fiscal en relación con sus pares calificadores.
“Una flexibilización material de la política fiscal que conduzca a un aumento sostenido de la deuda/PBI, una mayor caída de la gobernanza y/o un menor potencial de crecimiento podría conducir a una acción de calificación negativa”, refirió.
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Fortaleza de la calificación
Fitch indicó que la baja deuda pública del Perú (que cayó 0.8 pp hasta el 33% del PBI) en relación con sus pares de la categoría ‘BBB’ es una fortaleza de calificación, pero recordó que el año pasado anticipó que no alcanzaría el objetivo de déficit fiscal a medida que los ingresos se ajustaran a la recesión y a los precios del cobre, aunque por un margen menor (pronosticaron un déficit del 2.6% del PBI).
Remarcó que el débil crecimiento y los menores precios del cobre provocaron una caída de los ingresos y un aumento del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), a pesar de la restricción del gasto.
Los datos del MEF muestran que el déficit del SPNF en 2023 se amplió al 2.8% del PBI desde el 1.7% en 2022, por encima de la regla fiscal del gobierno del 2.4%.
“El gasto cayó un punto porcentual hasta el 22.5% del PBI a medida que se eliminó gradualmente el gasto relacionado con la pandemia, a pesar de los mayores salarios e intereses, el lanzamiento del plan gubernamental de reactivación económica Con Punche Perú y los esfuerzos de mitigación de eventos climáticos”, afirmó.
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