La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones realizó un análisis del las pensiones no contributivas que otorgan los países de América Latina, entre ellos Perú (Pensión 65) en el que se observa que el gasto público estimado para este tipo de pensiones fluctúa entre 0.1% y 1.8% del PBI.
“El mayor porcentaje se observa en Chile (1.8%), que aumentó significativamente el monto de la pensión no contributiva en los últimos tres años y amplió el universo de personas que tienen derecho a ella, así como en Bolivia (1.5%). En el otro extremo están Colombia (0.2%), El Salvador (0.1%) y Perú (0.1%), debido a la escasa cobertura de los beneficios entre la población de adultos mayores y el bajo nivel de pensiones otorgadas”, precisa el estudio.
Asimismo, se señala que el nivel de los beneficios no contributivos y su cobertura son decisiones políticas, que están supeditadas a la disponibilidad de recursos financieros. “El diseño de estos beneficios debe evitar que se desincentive la cotización a los programas contributivos de pensiones (ONP y AFP), ya sea porque los montos pagados son muy superiores a la línea de la pobreza o porque existe un impuesto implícito, que se genera cuando la percepción o aumento de las pensiones contributivas produce una disminución de los beneficios no contributivos de pensión”.
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¿Qué esperar a futuro?
Para la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, el financiamiento de las pensiones no contributivas debiera ser progresivo, recaudando para este objetivo más recursos de los sectores de altos ingresos.
“Una revisión a la forma en que se están financiando las pensiones no contributivas en los países estudiados, muestra que en general los beneficios se financian con el presupuesto público, tal como recomiendan instituciones internacionales como la OCDE. En tres (Colombia, Costa Rica y Uruguay) de estos países los fondos provienen, al menos en parte, de cotizaciones previsionales. Solo Bolivia destina recursos específicos provenientes del impuesto a los hidrocarburos y de los dividendos de empresas públicas al financiamiento de las pensiones no contributivas”, precisa.
En el caso de Perú, el acceso a las pensiones no contributivas (Pensión 65) se encuentra restringido a personas que no reciben pensiones de un sistema contributivo y al cumplimiento de la clasificación socioeconómica de pobreza extrema multidimensional realizada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Dicha pensión se entrega S/250 de manera bimestral a 577,043 adultos mayores en todo el país.
La organización precisó a gestion.pe que bajo las condiciones actuales, una persona que se ha quedado sin fondos previsionales producto de los retiros no aplicaría a este beneficio, caso similar a lo ocurre con aquellos que retiraron el 95.5% de su fondo. “Sin embargo, las personas que retiraron sus fondos y que en un futuro se vean desprotegidos por falta de ingresos suficientes en la vejez, constituirán una presión para el Estado, y en esas circunstancias éste tendría que buscar alguna solución para atenderlos”.
“Las normas referentes al retiro extraordinario no incluyen ninguna cláusula que exima al Estado de otorgar a estos afiliados una posterior garantía estatal. En ese contexto el gasto en pensiones no contributivas a futuro podría expandirse”, advierte.
¿Qué países otorgan mayores montos de pensión no contributiva?
Datos
En octubre de 2011 se constituyó el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.
El programa se focaliza en las personas adultas mayores que carecen de condiciones básicas para su manutención, y se enmarca en un programa que impulsa la protección integral de las personas adultas mayores de extrema pobreza y que promueve el acceso a servicios de salud.
Para recibir el beneficio se requiere ser clasificado en condición de pobreza extrema y no recibir pensión de jubilación del sector público y privado, incluyendo aquellas prestaciones económicas que se otorgan a través de EsSalud.
El monto que otorga Pensión 65 es de S/ 250 cada dos meses.