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Si bien el Perú cuenta actualmente con 74 proyectos de exploración minera en 17 regiones y con una inversión global de US$ 596 millones, voceros del sector señalan que las trabas burocráticas del Gobierno frenan su ejecución o el avance de nuevos descubrimientos.
Según Jaime Gálvez, exministro de Energía y Minas, para desarrollar un proyecto minero se necesitan varias campañas de exploración, por lo menos unas cinco.
“Eso significa que la exploración nunca es menor de cinco años para verificar si uno tiene un proyecto. Una vez que se concluye con la primera etapa de exploración, entonces, se formula el análisis económico y si es interesante se invierte en certificar con más detalles el yacimiento descubierto y desarrollar el diseño de cómo estará la infraestructura para operar la mina”, dijo.
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En ese sentido, el extitular del Minem sostuvo que las minas demoran, por lo menos, 10 años en salir.
“Por eso vemos que nuestra cartera de proyectos se mueve muy lento, porque van construyendo poco a poco y entran nuevos, pero lo que sostiene todo son las nuevas exploraciones, pero desde hace varios años los requisitos para explorar se han vuelto más exigentes, complejos y las licencias sociales se han ido volviendo muy frágil, por eso hemos venido cayendo en nuevas exploraciones”, aseveró.
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Indicó que de los dos tipos de exploraciones, una es para reponer reservas (brownfield) y esas siempre se hacen, normalmente en el sitio que es controlado por la empresa.
Sin embargo, Gálvez explicó que la otra exploración minera, llamada greenfield, son las más débiles, porque todavía el proyecto no está instalado en las zonas y se tiene que llegar a acuerdos con las comunidades o propietarios.
“Como la mina no es dueña del terreno superficial en esta etapa del proyecto, esas exploraciones son mucho más riesgosas desde el punto de la licencia social. Esas son las circunstancias de conflictividad social o de trámites engorrosos los que más afectan”, replicó.
De acuerdo al Minem, de los 74 proyectos de exploración, 30 ya han entrado en operación o están a punto de hacerlo, con todos los permisos requeridos, representando una inversión de US$ 134 millones. Por otro lado, 17 se encuentran en fase de evaluación para la autorización de exploración, lo que representa US$ 136 millones.
En cuanto a minerales, hay 39 proyectos de exploración que se enfocan en la minería del cobre, con una inversión de US$ 284 millones. Le sigue el oro, con 18 proyectos y US$ 220 millones y el zinc ocupa el tercer lugar, con nueve proyectos que suponen US$ 47 millones.
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Permisos ambientales
Para Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el gran problema de que no avancen las exploraciones son los procesos burocráticos para obtener los permisos ambientales.
“En otros países mineros se demoran tres meses obtener permisos ambientales, pero en Perú hay proyectos de exploración que están esperando más de cuatro años para realizar trabajos que solo duran ocho meses para confirmar si un área tiene la posibilidad de poseer yacimiento viable. De cada 100,000 que se inician solo 100 llegan a esa etapa y un proyecto llega a mina”, aseveró.
En esa línea, Cardozo consideró urgente destrabar los permisos ambientales mineros, que dependen del Ministerio de Energías y Minas y el Ministerio del Ambiente.
“Esa norma no está siendo revisada por ningún gobierno y debe cambiarse siendo racional, realista y promotora para la exploración minera. La exploración minera tiene una característica que no le reconocieron aquellos que propusieron esta norma y es que el impacto ambiental es leve y en el peor de los casos moderado remediable”, manifestó.
Añadió que Antamina aún tiene nueve años de explotación y está tramitando un permiso para hacer ciertas modificaciones y aumentar su vida en aproximadamente cinco años más.
“Entonces son 14 años, y luego no hay ningún proyecto en Áncash que pueda reemplazarlo. Hablamos de aprovechar los precios del cobre, pero después de Quellaveco no hay otra de esa envergadura”, comentó.
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Cardozo también expresó que a esa problemática se suma la consulta previa que se realiza a las comunidades, con lo que dicho plazo de exploración puede ser aún mayor.
“Y eso no solamente contradice las normas internacionales, sino que contradice el sentido común de las cosas. Las comunidades se supone que tienen derecho a estar informadas de que cosas hay en su territorio y si no dejan a las empresas mineras hacer exploración ellos nunca lo van a saber”, anotó.
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