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La Municipalidad de Lima anunció que pondrá fin al contrato de concesión que tiene con la empresa Rutas de Lima, mediante el cual administraban un número de peajes a cambio del mantenimiento y elaboración de vías.
Ello ha llevado a que un número de partes, incluyendo a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), señalen que la medida ahuyentará a los inversionistas en infraestructura a futuro.
Sin embargo, un grupo de expertos en concesiones asegura que este no es necesariamente el caso.
Según explica Luis Miguel Elías, socio del estudio Rebaza y quien fue perito en un caso de concesión ante el CIADI, “que Perú tenga la ventana abierta para las empresas vayan a esta instancia internacional de solución de controversias es una buena señal. Como inversionista extranjero sabes que podrás ir a un fuero internacional al cual no alcanza cualquier furor nacional. Esto es positivo y sigue apoyando la llegada de inversiones”.
El abogado recalca que el hecho de que se resuelvan contratos sí genera un nivel de inseguridad “pero si tienes un mecanismo de resolución que te va a recomponer, eso te da resguardo. Desde una impresión coloquial se puede ver que el Perú tiene muchos casos ante el CIADI y eso es malo, pero ello no es un factor decisivo para la inversión”.
“Claramente hay un punto de alerta para todo inversionista, pero no creo que sea un factor decisivo, como si lo son los actuales enfrentamientos sociales y los temas relacionados a la capacidad del Estado”, agrega.
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Inseguridad Jurídica
Por su parte, Carlos Rodríguez, socio del estudio Amprimo y abogado que ha litigado en aspectos relacionados a la concesión del corredor complementario de Lima, señala que, si el Estado busca resolver el contrato por incumplimiento contractual y, al final del día se le da la razón, “no se tendría por qué afectar nada en temas de iniciativa de inversión”.
Sin embargo, recalca que si la Municipalidad decide resolver el contrato sin arbitraje previo por temas relacionados a la modificación que se hizo al contrato hace unos años, que ya fue debatida en el CIADI (momento en el que se falló en favor de la empresa), se estaría generando una situación de inseguridad jurídica absoluta para los inversores.
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¿Qué sigue?
Al momento, no se conoce si la Municipalidad pagará un justiprecio para resolver el contrato o si intentará resolverlo por incumplimiento del mismo.
Entre las 6 causales que ha nombrado la entidad para justificar la resolución, la entidad indicó que una de estas eran “deficiencias contractuales”, entendidas como incumplimiento parcial del contrato.
Elías indica que si intentan resolver el contrato de esta manera, la concesionaria tendrá un plazo para demostrar que, si han cumplido cabalmente con lo señalado y, si no se llega a un acuerdo mediante trato directo, se irá a un arbitraje.
Como se indicó anteriormente, el Perú ya ha perdido dos veces en arbitrajes ante el CIADI en la materia de la resolución del contrato de Rutas de Lima. En todo caso, el Estado tendría que pagar una reparación a Rutas de Lima.