El despiste y volcadura del bus de Green Bus causó la muerte de 10 personas en julio del 2017. (Foto: El Comercio)
El despiste y volcadura del bus de Green Bus causó la muerte de 10 personas en julio del 2017. (Foto: El Comercio)

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del (SPC) ratificó la multa de 450 UIT, equivalente a S/1.86 millones, impuesta en primera instancia a a la empresa ATEM CA S.A.C. () por el accidente ocurrido en el Cerro San Cristóbal en julio del 2017, que provocó la muerte a 10 personas.

Como se conoce, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 del Indecopi aplicó la referida multa a la empresa en noviembre pasado, cuyo monto constituye la máxima cuantía que aplica el ente regulador por infracciones muy graves contra los consumidores.

La SPC verificó que prestó servicios de transporte turístico, infringiendo lo dispuesto por el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues expuso a un riesgo no justificado a los pasajeros, al transportar un número mayor al permitido para su unidad de transporte.

"Debido a esto, vulneró el deber de seguridad al que se encontraba obligado dicho proveedor. Esto aumentó la gravedad y magnitud del daño evidenciado en el accidente ocurrido el pasado 9 de julio de 2017, mientras su unidad vehicular retornaba por la ruta turística del Cerro San Cristóbal", precisó .

Cabe resaltar que durante el procedimiento de revisión por la SPC se valoraron documentos que obraban en el expediente administrativo, emitidos por la Policía Nacional del Perú y por La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Dichos documentos acreditaron que, el día 9 de julio del 2017, la unidad de Green Bus transportaba, al menos, entre 52 y 55 pasajeros, pese a que su capacidad máxima de asientos era de solo 35 (34 pasajeros y 1 conductor).

"Es importante resaltar que la sanción impuesta tiene el principal objetivo de disuadir o desincentivar la realización de infracciones que, como la conducta verificada, califican como muy graves, por la afectación potencial de bienes jurídicos que tienen una especial relevancia en nuestro ordenamiento jurídico, tales como la seguridad, integridad física y vida de las personas, en este caso de los pasajeros de la unidad vehicular perteneciente a la empresa denunciada", señaló el Indecopi en un comunicado.