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El entorno anti-corrupción en el Perú se mantuvo estable, según revela el Índice de capacidad para combatir la corrupción 2022 (Índice CCC), elaborado por Control Risks y Americas Society/Council of the Americas.
De acuerdo con el índice, el país con mayor puntuación es Uruguay (7.42 sobre 10). Le sigue Costa Rica (7.11), Chile (6.88), Perú (5.66), República Dominicana (5.19), Argentina (5.04), Panamá (4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4.76), Paraguay (4.45), México (4.05), Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63).
El Índice CCC mide las capacidades de los Estados para detectar, investigar y castigar la corrupción. No mide la corrupción real o percibida.
“Por ello, aunque haya exposición de corrupción, mientras no haya cambios reales para fortalecer las capacidades legales, el funcionamiento de las entidades públicas y de los medios y la sociedad civil para denunciar e investigar la corrupción, el desempeño del índice no va a mejorar. De ahí que el Perú no muestre cambios en el reporte”, precisa Claudia Navas, analista de riesgos de Control Risks.
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Resultados
Así, Perú se situó en la misma posición que en la evaluación del 2021 y su puntuación por categorías se mantuvo estable. Sin embargo, Control Risks precisa que el país experimentó un retroceso del 9% en la variable que mide los procesos legislativos y de Gobierno, lo que refleja las tensiones persistentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De manera similar, la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción se redujo en un 6%, lo que podría evidenciar la creciente preocupación por el encarecimiento del costo de vida más que por los problemas derivados de la corrupción.
“La corrupción en el sector público está muy extendida y genera pérdidas considerables para el Gobierno”, indicó Control Risks.
El informe destaca que las instituciones en el Perú han mantenido un avance gradual en los procedimientos contra la corrupción. Menciona los casos de destitución de magistrados realizados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo por presunta corrupción, aunque precisa que la inmunidad limita avances significativos hasta que finalice el mandato presidencial.
Mejoras
Claudia Navas indica que en el Perú hay muchos aspectos por mejorar en cuanto a la lucha contra la corrupción.
“Destacaría el fortalecimiento de capacidades, recursos e independencia de los entes que se encargan de detectar, investigar y sancionar la corrupción. También el fortalecimiento de las capacidades y recursos de la veeduría ciudadana y la sociedad civil de hacer seguimiento a las acciones de los servidores públicos, contratación y el procesos legislativos”, afirma.
Desde Control Risks consideran que es poco probable que el presidente Pedro Castillo termine su mandato, “no solo por las investigaciones de corrupción, sino también por su falta de liderazgo y capacidad de dar soluciones a los problemas que aquejan al país”.
Sin embargo, Claudia Navas precisa que “destituir a un presidente por corrupción (como ha sido el caso en los últimos años), aunque refleja que los sistemas anti-corrupción funcionan, por si mismo no fortalece las capacidades institucionales para detectar, investigar y sancionar la corrupción”.
