(Foto: iStock)
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La investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) son actividades que suelen ser fomentadas por los Estados, ya que, sin incentivos o beneficios tangibles en el corto plazo, las empresas, en su mayoría, no destinan recursos para tales fines.

Esta situación no es ajena al caso peruano, puesto que nuestro país se encuentra rezagado en la región en lo que a gasto en I+D+i se refiere.

Según resultados del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, de 2016, el Perú destinó un 0.08% de su PBI a gastos en investigación y desarrollo, mientras que, en promedio, América Latina y el Caribe destinó un 0.75%.

Asimismo, los países de la Alianza del Pacífico invirtieron en promedio un 0.3%, siendo México y Chile quienes están a la cabeza, con un 0.54% y un 0.38%, respectivamente.

Si se habla de incentivos para que las empresas inviertan en I+D+i, aquellos orientados hacia la exención de tributos son los más frecuentes.

Es así como en nuestro país, en marzo de 2015, se promulgó la Ley N.° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Mediante esta norma, se dispuso un beneficio tributario para los contribuyentes que efectúen gastos en I+D+i, vinculados o no al giro del negocio de su empresa, siempre que cumplan con una serie de requisitos y condiciones definidos de la mano con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

El objetivo de dicha normativa fue lograr una mayor inversión privada en I+D+i. En tal sentido, luego de que las iniciativas de inversión sean aprobadas por el Concytec, se dispone que las empresas puedan optar por deducir un porcentaje del gasto realizado en I+D+i y así reducir su impuesto a la renta (IR).

Esta deducción es equivalente al 175% del gasto si los proyectos fuesen realizados en centros domiciliados, y al 150% si lo fuesen en no domiciliados.

Pese al aparente atractivo de dicha regulación, en 2016 solo se alcanzó la postulación de 80 proyectos, de los cuales apenas 8 fueron aprobados; mientras que en 2017 se registraron 120 postulaciones, de las cuales 22 fueron aprobadas.

Según Comex Perú, la poca respuesta del empresariado en torno a esta ley se explicaría por tres aspectos. En primer lugar, la aún corta vigencia de la norma. Tomemos como ejemplo el caso de la Ley N.° 29230, Ley de Obras por Impuestos, mecanismo que les permite a las empresas realizar obras en favor de los Gobiernos nacional, regionales o locales, así como de universidades públicas, como crédito contra el pago del IR.

En el primer, segundo y tercer año de vigencia de dicha ley, apenas se adjudicaron 2, 6 y 7 proyectos, respectivamente; mientras que hacia 2017, luego de ocho años de vigencia, se adjudicaron 76 proyectos.

En segundo lugar, podemos mencionar la dificultad de conseguir financiamiento para invertir en innovación. Según la última Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015, realizada a 1,648 empresas con ventas mayores a 150 UIT, entre los principales obstáculos para innovar se identificaron el costo demasiado elevado (37.3%) y la falta de fondos en las empresas (33.7%).

En dicho contexto, aún existirían alrededor de un 38.8% de empresas que no han realizado (ni intentado) ningún tipo de innovación.

Finalmente, en tercer lugar, podemos destacar la cultura del status quo empresarial. Si bien la innovación y el desarrollo de nuevos productos o servicios acordes con la demanda y exigencias de los consumidores están a la orden del día, aún existirían algunos empresarios que se resisten al cambio, y apuestan por un desarrollo tradicional de sus negocios.

Comex Perú entiende que el éxito de la ley que promueve la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica se daría de manera progresiva, más aún en la medida en que las empresas superen algunos obstáculos, como el acceso a financiamiento.

No obstante, quizás exista el espacio para mejorar la legislación, apuntando a mejorar el capital humano, ya que el 77% de la inversión en innovación se dirigió a la adquisición de bienes de capital, lo que revelaría que se apuesta más por la tecnología avanzada que por la investigación y desarrollo o la capacitación para generar conocimiento y mano de obra más calificada.

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