
Un factor que viene frenando la inversión en el sector salud y, especialmente, en el desarrollo de nuevos centros médicos privados, está vinculado con demoras administrativas. En particular, la Asociación de Clínicas del Perú (ACP) alerta retrasos en los procesos de categorización —requisito necesario para que una clínica de nivel 3 (máxima complejidad) pueda operar—, lo que impacta directamente en las inversiones del sector.
Dicho proceso es clave para operar formalmente, sobre todo, con pacientes asegurados.
“Para trabajar con asegurados tú tienes que tener de todas maneras el Registro Nacional de IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y para obtener este registro debes estar categorizado”, explicó el gerente general del gremio, Hernán Ramos.
Sin embargo, advirtió que las clínicas deben pasar por “casi un viacrucis de un año o año y medio”, con múltiples observaciones durante el proceso.
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“Las normas actuales están obligando a tener paralizada la infraestructura casi un año y medio hasta que consigues los permisos de categorización”, señaló a Gestión.
Según precisó, cerca del 80% de las clínicas obtiene esta autorización en ese plazo, pese a que las normas del Ministerio de Salud (Minsa) establecen un máximo de 45 días.
Tal situación impacta directamente en la ejecución de proyectos. “Tú haces una inversión para que comience a funcionar en tres meses y la tienes paralizada durante un año y medio hasta que te dan un permiso para funcionar”, indicó tras su presentación en CADE Salud 2026 de IPAE Acción Empresarial.

¿Cuál es el impacto económico?
Ramos afirmó que dicha barrera está frenando inversiones de proyectos que pueden demandar de US$ 2 millones hasta US$ 200 millones, dependiendo del tamaño del establecimiento. Además, advirtió que las consecuencias van más allá de lo financiero.
“Son menos atenciones que se están haciendo. Son menos ciudadanos los que tienen oportunidad de atención”, lamentó.
El vocero añadió que este escenario también incentiva la informalidad. “El sistema favorece hoy la atención en pequeños policlínicos con alta informalidad, que no necesitan esta categorización para operar, y está más bien castigando y sancionando a los formales que tienen mejores prácticas”, afirmó.
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Como reflejo de esa situación, indicó que en los últimos 10 años no se ha desarrollado un establecimiento de nivel 3. “La última clínica que nació en el nivel 3 fue la Clínica Delgado. Después de eso no ha habido mayor inversión en clínicas grandes”, precisó.
En contraste, en el segundo nivel se han abierto entre 10 y 12 establecimientos por año, aunque “bajo estas modalidades de actuación informal”, es decir, con limitaciones en infraestructura y equipamiento. Explicó que estos centros, al no trabajar con asegurados, pueden operar sin la categorización.
“Para ellos, el permiso de categorización puede demorarse un montón de tiempo porque ellos están cobrando al bolsillo”, indicó.
Dicha situación, agregó, genera que las familias terminen gastando presupuesto del día a día, pero en clínicas de dudosa calidad. Asimismo, estos espacios carecen de regulación. “La Superintendencia Nacional de Salud se ha centrado en el sector formal y deja de lado a los informales”, aseveró.
Sector de clínicas
En cuanto al crecimiento del sector, Ramos detalló que las IPRESS de segundo nivel aumentan entre 10 y 20 por año, mientras que en el primer nivel —consultorios y centros de atención ambulatoria— el incremento es mayor, entre 30 y 40 por año. No obstante, advirtió que muchos responden a dinámicas de subsistencia. “Un consultorio abre hoy y cierra mañana. No se forma para resolver un problema de salud”, anotó.
El primer nivel comprende consultorios, laboratorios y centros de atención ambulatoria; el segundo nivel incluye atención quirúrgica y obstétrica; y el tercer nivel corresponde a establecimientos de máxima complejidad.

Inversiones en clínicas: lo que viene
Pese al mencionado contexto, algunas empresas continúan con sus planes de expansión. Ramos indicó que Clínica Aviva se encuentra en proceso de crecimiento, al igual que el Grupo San Pablo, que ha abierto una sede en La Victoria y proyecta otra en Chancay.
El directivo señaló que estas iniciativas operan bajo modelos de bajo costo, pero con estándares de calidad, enfocados principalmente en el primer nivel de atención, el cual consideró prioritario.
“Necesitamos cerca de 800 centros de salud de primer nivel y además mejorar los 9,000 centros a nivel nacional. El 97% de los establecimientos del primer nivel de atención público están en malas condiciones y la mitad no tiene médico”, alertó.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.








