Venta en la vía pública de chips móviles implica riesgos para los usuarios, alerta Osiptel

La venta en la vía pública de chips móviles genera riesgos para los usuarios, como la vulneración de su derecho a recibir una óptima información del servicio contratado, el uso ilícito de datos personales, el robo de identidad a través del mal uso de la huella digital, contrataciones fraudulentas, entre otros delitos, alertó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

También señaló que implica un riesgo para la seguridad ciudadana, pues existen numerosos casos de personas con líneas móviles a su nombre que no contrataron, desde las cuales se han cometidos delitos.

En el 2022, Osiptel atendió más de 44,000 consultas de instituciones públicas como el Ministerio del Interior, Ministerio Público o Poder Judicial, sobre la identificación del titular de determinados servicios públicos móviles o de titulares de equipos terminales móviles, que están relacionados a delitos, como la suplantación de identidad y fraude bancario, realizados con la contratación de líneas móviles no consentidas, principalmente, a través de la venta ambulatoria.

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El ente regulador recordó que la venta de chips móviles en la vía pública no está permitida, pues de acuerdo con las normas vigentes, la contratación de servicios móviles a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras al Osiptel.

Frente a este problema para la seguridad pública, el Congreso, a través de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), debatirá, hoy lunes 3 de abril, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3481/2022-CR, que con un texto sustitutorio, propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, para prohibir la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles en la vía pública y sancionar a los responsables.

Además se propondría que los representantes legales o las personas que integran los órganos de dirección o administración de una empresa concesionaria de servicios de telecomunicaciones, sean responsables administrativamente por la comercialización y contratación de los servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública.

Esta iniciativa legislativa se encuentra en línea con el apoyo solicitado por el ente regulador, en reiteradas oportunidades, al Congreso para prohibir por ley la venta ambulatoria de chips y estableciendo mayores sanciones a través del incremento del límite tan bajo de sanciones que tiene el Osiptel.

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