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Los organismos reguladores han manifestado su preocupación por las multas que aplican, sea porque las consideran muy bajas y no desincentivan las malas prácticas de las empresas o porque no las pueden cobrar por el largo proceso que se tiene para que se consideren como una decisión firme.
Son tres los organismos reguladores que se han pronunciado al respecto: la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
En el caso de la SBS, la superintendente de la institución, Socorro Heysen, afirmó que es necesario que se revisen los límites de las multas que aplica actualmente, que está en 10 UIT como mínimo y 200 UIT como tope máximo.
De acuerdo con Heysen, la sanción máxima que se aplica a las empresas del sistema financiero por malas prácticas es menor a la del resto de reguladores en el país, mientras que las multa mínima termina siendo muy alta.
“La SBS se ve en un problema cuando tiene que poner una sanción a una entidad muy pequeñita y está obligada a poner una sanción demasiado elevada. Y cuando se pone una sanción a una entidad muy grande termina siendo, a veces, insuficiente y no es desincentivadora”, afirmó.
Por ello, considera que las multas que debe aplicar la SBS deberían estar por lo menos en el nivel que tiene el resto de reguladores del mercado peruano.
A finales del 2021 el Gobierno de Pedro Castillo solicitó facultades legislativas al Congreso para que el Poder Ejecutivo pueda incrementar el tope máximo de las multas que impone la SBS, sin embargo, el Parlamento negó esta posibilidad y la medida no fue incluida en el texto final aprobado.
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Osiptel propone triplicar multas
Otra de las entidades que manifestó su preocupación porque sus multas no están ayudando a desincentivar las conductas infractoras de las empresas que supervisa es Osiptel. Su presidente, Rafael Muente, afirmó, al igual que la SBS, que el tope máximo de sanciones es también bajo respecto de los otros reguladores, por lo que se requiere elevarlo.
“El pedido que hacemos, una vez más, es triplicar, poner como 1,000 UIT el tope de sanciones con que cuente el Osiptel”, dijo Muente ante la Comisión de Constitución del Congreso.
Con las multas actuales le sale más a cuenta a los operadores de telecomunicaciones pagar la infracción o ir al Poder Judicial a discutirla por varios años, que darle acceso a Osiptel en su labor fiscalizadora.
“No es que queramos sancionar más, sino que necesitamos tener incentivos para que las empresas cumplan y respeten a la autoridad”, precisó.
Indecopi advierte problemas de cobro de las multas
Otro de los problemas que se vienen generando en las entidades reguladoras sobre las multas es la constatación de que realizar los cobros respectivos puede tomar mucho tiempo. Según Indecopi, esto se da porque la cobranza de las multas está ligada a que las decisiones de sanción sean declaradas firmes.
“No basta con imponer una multa severa, que sea superior al beneficio que las empresas obtienen, sino también con la eficacia, de cuándo la cobras, que tiene que ver con el mensaje de disuasión que se manda a los agentes del mercado. Si queremos que se dejen de hacer estas conductas ilegales, tenemos que cobrar prontamente las multas”, dijo el director de Investigación y Libre Competencia de Indecopi, Jesús Espinoza.
Mencionó algunos casos emblemáticos como el denominado de “los pollos”, en que el pasaron 14 años para que se declare una sanción firme. De la misma manera, en el caso de “balones de gas”, desde que la Comisión de Libre Competencia sancionó en el 2017, han pasado cinco años y tres meses y aún el Poder Judicial no ha resuelto el caso.
Por ello, Indecopi plantea que se dé un cambio del modelo sancionador, dejando de tener hasta seis instancias a las cuales se puede acudir (Comisión de Libre Competencia, Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial, la Corte Suprema, realizar un recurso de casación y el Tribunal Constitucional) para quedarse solo con dos instancias: el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, y el Poder Judicial.
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