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El pasado miércoles 17 de abril, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un dictamen que plantea reducir a 8% el IGV a pagar en las actividades de peluquerías y centros de belleza.
El dictamen reúne los proyectos de ley N° 6611/2023-CR, presentado por el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo; y el N° 4450/2022-CR, de José Pazo (Somos Perú). Según indican las iniciativas legislativas, se busca fomentar la reactivación económica de este sector, tras el impacto de la pandemia.
En la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 6611/2023-CR, se indica que según un reporte de Sunat, unas 5,300 empresas de este sector están afectas al IGV, mientras que la gran mayoría (39,000 empresas) están inscritas en el RUS, por lo que no pagan IGV.
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La propuesta generó controversia entre los congresistas presentes en la sesión de la citada comisión. Noelia Herrera, de Renovación Popular, advirtió que el dictamen recibió una opinión en contra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a que beneficia sobre todo a grandes empresas y afectaría al fisco.
“Tenemos un dictamen observado por el MEF. Indica que entre las empresas que capitalizarán en mayor medida la reducción del IGV se encuentran empresas asociadas a grandes franquicias de cosméticos y salones de belleza, las que se dirigen a estratos económicos medios y altos”, subrayó.
Asimismo, Herrera recordó que una medida similar aprobada en el 2022 para el sector restaurantes y hoteles no generó una baja de precios, sino que solo benefició a las empresas.
Por su parte, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) se mostró suspicaz sobre el real objetivo de la propuesta. “Este proyecto de ley parece teledirigido hacia un grupo pequeño de empresas. Con el análisis del MEF queda claro que el 55% del beneficio recae sobre un 5.1% de los beneficiados. Si queremos resolver el problema de las personas que se dedican a actividades de belleza, busquemos darle capital y entrenamiento, pero no dictemos este tipo de medidas, que sería bastante irresponsable”, sostuvo.
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En respuesta a estas críticas, Alejandro Cavero (Avanza País) sostuvo que la mayoría de empresas a beneficiar son emprendedores pequeños y medianos. “No solo las grandes cadenas, que son una minoría, la mayoría son pequeños negocios de barrio, que a raíz de la pandemia fueron de los negocios que más sufrieron”, apuntó.
Asimismo, Víctor Flores (Fuerza Popular) respaldó la medida e indicó que el impacto en la recaudación sería mínimo. “El MEF ha calculado en 17 millones de soles (anuales) lo que no se recaudaría por este impuesto, mientras el Estado gasta alrededor de 100 millones de soles en publicidad”, subrayó.
Tras el debate, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Economía con 12 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. La mayoría de votos a favor fueron de miembros de Fuerza Popular y Avanza País. Ahora el dictamen pasará al pleno para un nuevo debate y votación.
Medida no se justifica
Al ser consultados sobre la medida propuesta, los analistas coincidieron en señalar que esta no se justifica, ya que no se sustenta el porqué en dar el beneficio solo a este sector, y tampoco se restringe el beneficio a las pequeñas empresas, sino que el ámbito de aplicación incluye a las grandes empresas.
“Se debería evaluar ayudar solamente a economías de subsistencia y no a los grandes negocios”, subrayó Gustavo Lazo, socio del área tributaria del estudio Dentons.
Por su parte, Giorgio Balza, abogado tributarista del estudio Cuatrecasas, refirió que la afectación de este sector es de carácter general, lo cual no se diferencia de otras actividades empresariales que fueron afectadas de la misma manera, como centros de masajes, rehabilitación física, etc.
“No se desprende una necesidad sustancial de otorgar incentivos tributarios solo a una actividad específica, toda vez que ya pasaron más de dos años y medio desde que se acabaron las restricciones por el covid-19″, sostuvo Balza.
Los analistas también dudaron de que la medida reduzca los precios finales a los consumidores, por lo que el beneficio sería absorbido completamente por las empresas.
“Es una medida que no cumple con los objetivos por los cuales existen los beneficios tributarios, que temporalmente estaría desfazada y que además no repercutiría sustancialmente en el aumento de la demanda de servicios, puesto que el IGV no es un elemento relevante en la configuración de precios”, remarcó Giorgio Balza.
Por su lado, Gustavo Lazo sugirió reformular la propuesta, para que esta se circunscriba a micro y pequeñas empresas; y además, podría ampliarse a otros sectores que también lo requieran. “Una rebaja del IGV debería planificarse para un grupo de servicios, no debería restringirse a cierto sector, sino que también debería aplicarse a otro tipo de empresas que están en la misma situación financiera”, anotó Lazo.
El dato. Gestión solicitó al MEF la opinión enviada a la Comisión de Economía sobre el dictamen, la cual fue comentada por algunos congresistas, pero al cierre de esta nota aún no recibimos el documento.
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Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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