Fue un derrumbe simultáneo: conglomerado empresarial, banco y la familia que lo gestionaba. Tras de sí dejaron pérdidas de 11,800 millones de euros y centenares de afectados en Portugal, donde seis años después se empieza a vislumbrar hasta donde llegó la caída del Banco Espírito Santo.
Los tentáculos del caso se desgranan en el informe de la Fiscalía portuguesa, que señala a 18 personas y siete empresas en 4,117 folios.
Miles de páginas para explicar cómo el Banco Espírito Santo (BES), buque insignia de la banca portuguesa, fue utilizado para tapar la crítica situación del Grupo Espírito Santo (GES), sin éxito.
Se buscaba salvar un imperio controlado por cinco ramas de la familia Espíritu Santo: Galvão, Pinheiro, Ricciardi, Amaral y Salgado, protagonistas del mayor escándalo financiero de la historia de Portugal.
“El dueño de todo esto”
El líder era Ricardo Salgado, al frente del BES desde 1992 hasta su colapso en el 2014 y ahora acusado de 65 delitos, uno de ellos asociación criminal.
Salgado era, para la sociedad portuguesa, "el dueño de todo esto", tal era su poder dentro del GES y en la esfera pública, hasta el punto de que se considera que sus opiniones fueron decisivas para que Portugal solicitara el rescate a la troika en el 2011.
Tras el colapso del GES, se convirtió en rostro del desastre, como corrobora el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, que le sitúa al frente del esquema de irregularidades para tapar la situación del conglomerado.
Llegó a transferirse en cuentas en el extranjero, principalmente Suiza, 12.8 millones de euros "a título de llamados premios, u honorarios, auto atribuidos en total desconsideración con la situación patrimonial del BES", dice el Ministerio Público.
Se le atribuye un delito de asociación criminal, doce de corrupción, uno de falsificación de documentos y otros tantos por intentar salvar las cuentas del GES con las del BES.
Un expresidente de Portugal salpicado
Los negocios opacos de Salgado y el grupo GES -que incluía diferentes actividades, desde seguros a agricultura y turismo, pasando por el sector financiero- salpican al expresidente luso Aníbal Cavaco Silva.
El Ministerio Público apunta que hasta diez miembros del Grupo y del consejo de administración del BES, con Salgado a la cabeza, entregaron a la campaña para la reelección de Cavaco Silva en el 2011 alrededor de 25,000 euros cada uno, algo que cumplía con la ley, que no permite donaciones de empresas.
Sin embargo, apenas un mes después de entregar el cheque, en diciembre del 2010, Salgado "determinó la reposición del valor entregado a la campaña a su patrimonio" mediante una transferencia desde la sociedad ES Enterprise, ligada al Grupo Espírito Santo y que operaba como una suerte de caja B.
Los demás donantes también fueron reembolsados por orden de Salgado, dice la Fiscalía, que apunta a ES Enterprise -objeto de otra investigación- como auténtica autora de las donaciones a la campaña de Cavaco Silva, quien en el 2011 consiguió un segundo mandato hasta el 2016.
Liquidez venezolana
También se investigarán aparte los negocios del BES con empresas públicas venezolanas, como la petrolera PDVSA, para invertir en deuda de entidades que acabaron por colapsar con todo el conglomerado en el 2014.
Las principales cuentas de Pdvsa se centralizaron en el 2011 en la sucursal del BES en la zona franca del archipiélago luso de Madeira y, "por determinación de Ricardo Salgado", "tanto el área comercial" de esta sucursal como el departamento financiero del BES "dirigieron la liquidez de las cuentas de depósitos de empresas públicas venezolanas para inversiones en deuda de entidades del Grupo Espírito Santo".
Las víctimas, dispuestas a seguir
"Se tiene que investigar más, es insuficiente", sostiene el abogado Miguel Reis, que representa a dos centenares de afectados por el colapso del BES.
Reis admite que hay discrepancias entre sus defendidos por la demora en el proceso, pero apunta que seis años hasta llegar a la acusación no son demasiados dada la "complejidad" del caso.
"Si este caso estuviera resuelto en 50 años me parecería bien, lo que no podemos es dejar huir a los responsables", comenta el letrado, que insiste en investigar cuál fue el papel "de los poderes políticos", sobre todo el de Cavaco Silva.
Mientras, otros despachos que defienden los intereses de los afectados abren la puerta a indemnizaciones.
"Ya sea por daños patrimoniales o no patrimoniales", apunta el abogado Nuno da Silva Vieira.
En la mira están 11,800 millones de euros aprehendidos por la Justicia a Salgado y a antiguos gestores del grupo en dinero y bienes.