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Únete al canal de GestiónApple redobló este miércoles sus críticas al borrador de las normas de la Unión Europea (UE) que la obligarían a permitir que sus usuarios instalen software desde fuera de su App Store, citando los riesgos que representan los ciberdelincuentes y el malware.
El fabricante del iPhone ha sido un duro crítico de las normas propuestas por la jefa antimonopolios de la UE, Margrethe Vestager, que fueron anunciadas el año pasado en un intento por frenar a ple, Amazon, Facebook y Google, una unidad de Alphabet.
Apple publicó el miércoles un análisis de las amenazas de las transferencias de software desde fuera de su tienda, profundizando los comentarios que hizo en junio su presidente ejecutivo, Tim Cook, sobre los riesgos a la privacidad y seguridad de los teléfonos iPhone.
“Si Apple se viera obligada a admitir las transferencias de software externo, las aplicaciones más dañinas llegarían a los usuarios porque sería más fácil para los ciberdelincuentes atacarlos, incluso si la descarga se limitara a las tiendas de aplicaciones de terceros”, dice el informe.
La empresa advirtió sobre aplicaciones maliciosas que migran a tiendas de terceros e infectan dispositivos de consumo, mientras que los usuarios tendrían menos control sobre las aplicaciones descargadas.
El estudio citó cifras del proveedor de servicios de ciberseguridad Kaspersky Lab, que mostraron que casi seis millones de ataques por mes afectaron a los dispositivos móviles Android.
Apple también atacó a los anunciantes digitales con los que está en desacuerdo sobre sus nuevos controles de privacidad diseñados para limitar su seguimiento de los usuarios de iPhone.
“Las grandes empresas que dependen de la publicidad digital alegan que han perdido ingresos debido a estas características de privacidad y, por lo tanto, pueden tener un incentivo para distribuir sus aplicaciones a través de la descarga lateral específicamente para evitar estas protecciones”, dice el informe.
El borrador de las reglas de Vestager necesita la luz verde de los legisladores de la UE y los países de la UE antes de que puedan convertirse en ley, probablemente en el 2023.
