La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) expresó su rechazo ante la aprobación, por mayoría, del dictamen recaído sobre los Proyectos de Ley 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el cual pretende establecer como delito la comercialización de chips móviles en determinados escenarios.
El gremio empresarial de AFIN emitió un comunicado donde se exponen diversos puntos por los cuales se muestran en contra del dictamen aprobado por el Congreso.
“La industria móvil ha realizado un esfuerzo importante por conectar cada vez a más peruanos. Gracias a las inversiones y esfuerzos comerciales realizados para llegar a los sitios más lejanos del país y con una oferta asequible, el Perú cuenta, actualmente, con más de 42 millones de líneas móviles”, se lee en el comunicado.
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‘Esto se ha logrado pese a las cargas impuestas para la prestación de servicios móviles bajo el paraguas de la “seguridad ciudadana’, como la exigencia de biometría en la contratación móvil”, continúa.
Asimismo, AFIN señaló que el Estado buscar trasladar a la industria móvil su responsabilidad en combatir los fraudes y extorsiones bajo amenaza de pena de cárcel a los funcionarios de las empresas operadoras por hechos de terceros. “Incidentes como escribir mal un nombre al momento de la contratación móvil o que el vendedor salga de su puesto para atraer clientes, estarán, bajo este proyecto de ley, penalizados con cárcel”, indicó.
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Asimismo, señaló que “no puede responsabilizarse a las operadoras móviles por los delitos que cometan las personas a través de un teléfono móvil”, asegurado que la responsabilidad penal es atribuible a quien comete una acción u omisión, y no debe aplicarse a las empresas operadoras o a sus funcionarios.
Finalmente, el gremio indicó que se encuentran a favor de tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana y para ello, recordó las recomendaciones que presentaron en el año 2022, con el fin de mejorar la confianza digital.
Sin embargo, reveló que ya han pasado dos años y “ninguna ha sido implementada hasta este momento”. Por ello, invocó al Congreso de la República a “incorporar un mayor análisis y debate en una mesa técnica sobre los alcances de esta iniciativa legislativa”.