Durante el debate presidencial del último domingo, en el bloque de economía y promoción del empleo, el candidato Pedro Castillo afirmó que -de llegar a la presidencia- impulsará la economía popular de mercado.
“El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado que tiene que controlar a la población y a los mercados”, precisó.
Si bien no aclaró qué significa que el Estado controle los mercados, en el ideario -presentado como plan de Gobierno para los próximos cinco años antes el JNE- específicamente en la página 12, se plantea “el cambio de un Estado regulado por el mercado por un Estado que regule al mercado”.
Pierino Stucchi, socio senior del Estudio Muñiz, detalló que -ante la falta de claridad de Castillo- una manera adecuada de controlar el mercado desde el Estado es supervisar que funcione la competencia para evitar y eliminar prácticas anticompetitivas como la aparición de cárteles de precios o el abuso de posición de dominio.
Pero si la mirada esta puesta en el control de precios desde el Estado, esto genera tres efectos principales:
1.- Que los agentes económicos dejen de producir bienes o servicios con precio controlado, ya que si este resulta menor al precio del mercado -es decir- con libre interacción de oferta y demanda, no va a valer la pena suministrar ese bien o servicio con precio controlado para perder dinero. Lo que genera escasez de este bien o servicio.
2.- La aparición de mercados negros ante la alta demanda de este bien o servicio con precio controlado, que es escaso. Los mercados mercados lo ofrecen a precios superiores e inaccesibles. Incluso algunos agentes económicos -con precios fijos- suministren al mercado negro con precios altos.
3.- Empobrecimiento de la sociedad, debido a que los precios de los bienes o servicios cuando suben un poco lo que hacen es mandar una señal para que los agentes económicos sepan que hay grado de escasez y atiendan una necesidad, para que el precio se estabilice. Ello ocurrió con la mascarilla al inicio de la pandemia. “Los precios subieron, pero ante la alta demanda, se importó más lo que generó que el precio se estabilizará”.
La única excepción para fijar un precio -refiere el especialista- es la que ocurre en el suministro de servicios públicos en la que hay monopolios naturales como, por ejemplo, en el caso de las tarifas de la luz de la eléctrica y para el suministro de agua potable.
Por su parte, el economista Melvin Escudero, concordó que no está claro qué es lo que se pretendería desde Perú Libre con “controlar el mercado” si es desde lado de la supervisión -fortaleciendo el papel del Indecopi- o promoviendo una mayor participación del Estado con empresa públicas para que compitan en el mercado o imponiendo un control de precios.
“Esta última (control de precios) es una medida desesperada a la que recurren los Gobiernos para evitar inflación, especialmente en los productos de primera necesidad como la leche, harina, azúcar, arroz, pollo, pan, entre otros. En el Perú se implantó esta experiencia con resultados terribles -durante el primer Gobierno de Alan García- lo que se generó la escasez de los productos de primera necesidad ya que las fuerzas del mercado no operaban y terminó perjudicando a la población aumentándose la pobreza y la desnutrición”, explicó.
En la época de García -recordó Escudero- el control de precios llevó a la quiebra de los negocios que proveían productos de primera necesidad. “Cuando hay inflación, los márgenes (la ganancia por la venta de producto) no alcanzan por lo tanto los costos (para producirlo) no dan (no son rentables), con lo cual las empresas salen de mercado”.
El economista reiteró que ya se ha probado no solo en Perú sino en otros países de América Latina -el caso más reciente es de Venezuela- que los controles de precios por parte del Estado no sirven y lo único que generan es la escasez de bienes/servicios lo que perjudica a la población, sobre todo a la más vulnerable.
En tanto, que el líder de Competencia y Mercados de EY Law Mario Zúñiga, consideró que se debería precisar la propuesta planteada por Perú Libre si la idea es imponer un control de precios a todos los mercados o en algunos, tomando en cuenta que en algunos podría ser justificado regular precios, especialmente aquellos que tienen ‘fallas de mercado’ como lo que ocurre en los servicios de agua y luz por la generación de un monopolio natural.
“Si es que este último escenario ocurre y se identifican fallas del mercado, se requiere un ente técnico y autónomo para controlar el precio. Pasa con las entidades reguladoras como Osiptel, Osinergmin, entre otros, que tienen una metodología”. Acotó que sería muy complicado regular los precios -por ejemplo- de los servicios de salud, tomando en cuenta que es bien/servicio poco estandarizado y que esta inmerso en un mercado competitivo, que demanda mayores costos.
“Cuando se regula el precio de un mercado que no tienes información o que se desconoce su funcionamiento probablemente se cometan errores al regular el precio, colocándolo por debajo del precio de equilibrio, lo que va a generar la restricción del servicio o la falta del mismo. Es el riesgo que lo sufrirán todos los ciudadanos”, mencionó.
Si bien este tipo de medidas son llevadas a la práctica por Gobiernos socialistas como la de Maduro, en Estados Unidos -recordó- que antes de la pandemia (específicamente en el Estado de California) se emitió una ley que limitaba aumentar el alquiler de las viviendas. “El riesgo que trae el control de precios por parte del Estado, es que se quiere regular más imponiendo incluso sanciones al bodeguero o a los productores”.
Entre los Gobiernos que impusieron el control de precios se encuentran:
1.- Venezuela: El régimen chavista ha puesto en marcha varios controles de precios desde su llegada al poder en 1999 (hace 22 años) siendo los últimos -entre el 2014 y 2018 bajo la administración de Nicolás Maduro- los que ocasionaron una grave escasez de alimentos básicos, de primera necesidad y medicinas.
A lo que se suma un control cambiario -desde el 2003- generando la aparición de mercados negros (para la compra de dólares que tiene más valor que su moneda) e inequidad.
En el mercado negro el precio de los insumos básicos en Venezuela están hasta tres veces más caro que el que fija el Gobierno.
2.- Ecuador: En el 2013 -durante el mandato de Rafael Correa- se decretó el control de precios de 46 productos agropecuarios como frutas, verduras, carnes y huevos para combatir la especulación y evitar que su inflación se dispare.
La medida de Correa estuvo acompañada de un programa de Soberanía Alimentaria, Fomento Productivo y Estabilización de Precios que funcionó hasta diciembre del 2014 para garantizar a “la población el acceso físico y económico efectivo a los alimentos”.
Igualmente desde el 2014, el Ministerio de Salud Pública se encarga de fijar precios máximos a determinados medicamentos de uso y consumo humano, lo que ha perjudicado a la industria nacional al incentivar la demanda por medicamentos importados no regulados. A lo que se sumó la falta de incentivos para la competitividad de los laboratorios nacionales.
3.- Bolivia: Durante el mandato de Evo Morales se implementó -entre el 2007 y 2008- el plan de estatización del comercio interno que implicó la prohibición de las exportaciones y control de precios de productos básicos, que en un primer momento surtieron efecto porque permitieron abastecer a su mercado interno, pero después generó un efecto boomerang.
Según un reporte de Reuters -de febrero del 2011- había escasez y alzas de precios minoristas en los mercados de alimentos de Bolivia. La inflación -por entonces- se disparó de 1.29% a 8.38%. El miedo de los bolivianos era vivir una “crisis alimentaria”.
También se vivió la escasez de azúcar -que por décadas exportaba a Estados Unidos- así como de trigo y maíz.
¿Qué hizo Morales? Reuters reporta que -el entonces mandatario- aconsejaba consumir miel de abeja y estevia en vez de azúcar.
4.- Argentina: El control de precios empezó en el mandato de Néstor Kirchner, la misma que se acentuó en el Gobierno de su esposa Cristina Fernández que impuso el control de precios de 200 productos de primera necesidad -en un principio- la que fue posteriormente ampliándose a materiales de construcción.
Para tal fin se se llegó a un acuerdo con los supermercados Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, La Anónima, entre otros, y con las proveedoras de materiales de la construcción Sodimac y Del Centro.
¿Qué consecuencias ha traído? Esta política de control de precios -que aún persiste- ha generado que en los mercados se vendan cortes de carnes (producto emblemático de este país) con más grasa que carme.
El resultado de la política de 'precios cuidados' en la carne en Argentina 🇦🇷, lo que les entrega a la gente es grasa de vaca 👇
— Daniel A. Monroy C (@DaniAlejandroM) February 4, 2021
El control de precios, no solo no soluciona nada sino que en el camino mata a la gente. pic.twitter.com/9Ll6Ngk3aW
5.- Perú: Durante el primer gobierno de Alan García -refiere IPE- fijó controles para el tipo de cambio (precio del dólar), las tasas de interés (el precio del crédito), el precio del combustible y de diversos productos alimenticios como el aceite, fideos, harina y azúcar.
Lo que generó -en el caso de los alimentos- la escasez de estos bienes básicos y la generación de largas colas para lograr adquirirlos de manera limitada.
Por su parte, la fijación del tipo de cambio (dólar MUC) generó las condiciones para la aparición de un mercado paralelo ilegal (conocido por entonces como Ocoña), además de ocasionar la devaluación de la moneda nacional.
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