El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Ecuador por el mayor precio de venta de combustibles al transporte internacional terrestre de mercancías y pasajeros, incluidos los transportistas peruanos.
Dicha diferencia de precios ocasionaba que los transportistas peruanos pagaran más por el precio de los combustibles, afectando el costo logístico del comercio peruano y causando la pérdida de competitividad del transportista peruano frente a su par ecuatoriano.
En dicho fallo -favorable para Perú- se ordenó a Ecuador que, en un plazo máximo de 90 días, adopte las medidas necesarias para que cese la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino.
LEA TAMBIÉN: Licitación de dos lotes petroleros en Piura logra convocar a más de 10 postores
“Esta sentencia constituye una excelente noticia para el país. Esperamos que el Gobierno ecuatoriano acate lo ordenado por el TJCAN, con el objetivo de que nuestros transportistas puedan competir sin discriminación y en igualdad de condiciones”, señaló Juan Carlos Mathews ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
La posición peruana, en defensa de los transportistas nacionales, se ampara en que la conducta adoptada por Ecuador vulnera los principios de No Discriminación, Trato Nacional, Igualdad de Tratamiento Legal y Libre Competencia, que están previstos en las Decisiones Andinas 837, 398 y 608, así como el artículo 4 del Tratado de Creación del TJCAN.
LEA TAMBIÉN: Fondo Mivivienda anuncia la creación de un nuevo incentivo para población vulnerable
“El servicio de transporte internacional terrestre de mercancías y pasajeros constituye la piedra angular del proceso de integración andino. Esta normativa ecuatoriana ha vulnerado el derecho de nuestros transportistas a ser tratados de manera no discriminatoria, y de recibir un trato no menos favorable frente a los transportistas de placa ecuatoriana,” añadió el ministro Mathews.
Como se recuerda, en abril de 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina ya había declarado a Ecuador en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
