El domingo 2 de octubre se elegirán, a nivel nacional, más de 1,800 alcaldes tanto provinciales como distritales, además de 25 gobernadores regionales.
Cada una de estas instituciones públicas es responsable de la administración del presupuesto que se les asigna para mejorar la calidad de vida de la población.
En lo que atañe a las municipalidades distritales, 1,647 en todo el país, existe dentro de cada región un grupo que maneja más presupuesto que el resto de municipios.
Gestión hizo una revisión de los distritos “más ricos” en cada una de las regiones del Perú y se encontró que entre todos ellos administran un presupuesto que supera los S/ 4,600 millones, casi el 10% del total de recursos que reciben todos los municipios juntos. Incluso cinco de ellos manejan más dinero que un municipio provincial que agrupa a varios distritos (ver tabla).
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Factor canon
En la mayoría de estos municipios hay un punto en común que les permite tener más recursos que los demás: reciben canon por la explotación de recursos naturales, como la minería o el gas natural.
Entre los casos más resaltantes está la Municipalidad Distrital de San Marcos, en Áncash, que este año tiene un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 1,088 millones, monto del que más del 95% proviene del canon minero recibido por las operaciones de Antamina. Situación similar se observa en el municipio distrital de La Yarada Los Palos en Tacna o en el distrito de Megantoni en Cusco, que recibe recursos por la explotación del gas natural por parte de Camisea.
El exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, explicó que además de los recursos que actualmente tienen en su presupuesto los municipios que reciben canon, hay un monto adicional que se refleja en estas cifras y que se encuentra en sus cuentas, ya que no tiene destino específico de gasto.
Esto último se origina en que, a diferencia de los recursos ordinarios, el canon no revierte al Tesoro público en caso no se gaste. Es decir, una municipalidad puede guardar el canon que no gasta e ir acumulándolo año a año. Según Oliva, estos recursos guardados superan los S/ 2,500 millones a nivel nacional.
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Retos para el gasto
Ante esta situación, las nuevas autoridades que se elijan el domingo y que iniciarán funciones el 1 de enero del 2023, tienen como reto principal mejorar el gasto de sus recursos poniendo énfasis en la calidad de vida de la población.
El economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Pedro Herrera Catalán, afirmó que el principal problema que tienen los municipios con muchos recursos es que también cuentan con una cantidad enorme de proyectos, pero sin ningun nivel de prioridad.
“Lo que hemos visto es que estas municipalidades, que son los ricos y famosos, no tienen capacidad para hacer seguimiento a los proyectos. Por ejemplo, en Apurímac las municipalidades tienen más de 6,000 proyectos, pero es imposible que sigan todos”, afirmó.
Por ello, Herrera plantea que una de las primeras acciones de las nuevas autoridades debe ser la priorización de una cartera potente de proyectos que le cambie la vida a los ciudadanos; más aún, porque los proyectos ya están armados y listos para ser impulsados.
“Si de los 6,000 proyectos en Apurímac se quedan con 50 prioritarios, estos deben estar bordeando el 30% o 40% de todo su presupuesto, con un impacto mayor para la población”, precisó.
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PMO para proyectos
Para Carlos Oliva, la mejora de la capacidad para ejecutar los recursos también debería ser prioridad para las nuevas autoridades. Plantea que los municipios con más recursos creen un fideicomiso a donde vayan los fondos del canon, tras lo cual se debe realizar dos acciones: elaborar un plan de desarrollo y contratar una Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office, PMO) para implementarlo.
“Si se contrata un PMO reconocido y que conozca la realidad del Perú, eliminas la corrupción de los proyectos. Pero hacerlo pasa por una decisión política de los alcaldes, quienes son los que definen las cosas en sus localidades”, afirmó.
Oliva añadió que para establecer este modelo de trabajo ya existe el marco legal correspondiente en el país, lo que agilizaría su implementación.