Perú ha solicitado a la Unión Europa (UE) ampliar la entrada en vigencia de la normativa que prohibirá el ingreso de productos que procedan de tierras deforestadas, prevista a aplicarse a fines del año 2024, informó este miércoles la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera.
En concreto, la norma indica que las empresas solo podrán vender a los 27 países miembros de la UE si han emitido una declaración de “diligencia debida”, la cual certifica que los productos que envíen no proceden de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal y tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020. Así, el reglamento aplicará sobre la exportación de cuatro productos: café, cacao, madera y aceite de palma.
Frente a ello, la viceministra dijo que el pedido a la UE responde a que “hasta este momento no se ha publicado los lineamientos que dan mayores detalles de esta reglamentación”.
“Hay varios puntos que no están clarificados y no podemos atender. En esa línea, hemos solicitado que se considere la posibilidad de extender la entrada en vigencia de esta regulación toda vez que no tenemos a la fecha a la mano todos los elementos para poder generar el marco normativo o las acciones concretas específicas que permitan a los productores atender esta reglamentación”, dijo la funcionaria ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, en donde expuso sobre la cadena productiva del café y cacao y su ingreso a la Unión Europea.
Detalló que existe una preocupación entre los productores afectados, por lo que meses atrás se conformó la Mesa Técnica para abordar el tema, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuya secretaría está en manos del Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri).
En dicho grupo de trabajo, apuntó, se coordinan las acciones para minimizar el impacto de la normativa sobre la exportación de los productos peruanos hacia los países europeos.
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Carta enviada
La viceministra recordó que en septiembre pasado Perú junto a 16 países suscribieron una carta solicitando a la Unión Europea una correcta aplicación del reglamento sobre el comercio libre de deforestación.
A través de una nota informativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que dicha carta busca impulsar una aplicación más justa del reglamento en el marco de políticas globales de protección de la naturaleza.
“Los países firmantes en Bruselas consideran que la Unión Europea al aplicar una norma con “un enfoque único” para todos los casos, no ha tenido debida consideración a las distintas especificidades de producción, realidades, problemática y normas nacionales, que en el caso del Perú concierne principalmente a la agroexportación cafetalera y cacaotera”, dice el oficio.
Precisa, además, que la Unión Europea es un tradicional e importante mercado de destino para el café y el cacao peruano pues solo en el 2022 el Perú país exportó café a este bloque, principalmente a Alemania y Bélgica, por un monto cercano a US$ 600 millones, la mitad de las exportaciones de ese producto al mundo. En el caso del cacao, el 40% de las exportaciones se dirigió a Europa alcanzando poco más de US$ 120 millones.
En esa línea, Mera agregó que el contenido del comunicado refleja la posición de Perú respecto a este tema, en tanto dijo que las próximas semanas se llevará a cabo el Comité de Comercio de la Unión Europea, en donde también plantearán la ampliación de la vigencia de la norma.
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Nuevos requerimientos
Mientras se espera la respuesta al pedido de Perú, la viceministra indicó que se avanza en la identificación de herramientas para cumplir con la citada norma.
Según dijo, ahora los productores deberán tener un punto de georreferenciación, por lo que se trabaja para que este nuevo requerimiento no implique un costo adicional.
“Se viene trabajando al respecto y de hecho tenemos conocimiento que hay una cooperativa de cacao que ya está avanzada en este punto”, refirió.
Es preciso mencionar que meses atrás, Luis Mendoza, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao) había señalado a Gestión que la georreferenciación servirá para demostrar que las hectáreas no han sido deforestadas y su implementación implicará un costo.
En detalle, dijo que los productores deberán tener un punto de georreferenciación en menos de cuatro hectáreas; o un polígono de georreferenciación si es más de cuatro hectáreas. Así, estimó que levantar esta información representará un costo de US$ 80 por productor.
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