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Hace poco más de una semana, se confirmó lo que ya analistas habían adelantado: la pobreza no dejó de acelerarse en el 2023 y alcanzó al 29% de la población. De hecho, es el cuarto año que no retorna a los niveles prepandemia (2019: 20.2%). Además, la inestabilidad política, la caída de los ingresos, la falta de más empleo de calidad y la limitada producción son algunos de los desafíos que enfrenta el país. Mientras todo esto ocurre, hay un indicador que no puede pasarse por alto: el número de conflictos sociales se mantiene por encima de los 200 casos.
Parece que Perú “colecciona sus peores figuras” a solo dos años de las elecciones presidenciales del 2026.
Conflictos
La Defensoría del Pueblo informó recientemente que en abril se registraron 208 conflictos sociales en el país, de los cuales 168 se encuentran activos y, el resto, son latentes. Además, se calcularon 218 acciones colectivas de protesta durante el mes pasado.
Seis regiones concentran casi la mitad de los conflictos sociales en dicho mes: Loreto, Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Piura. Hay que considerar que una parte importante están relacionados a disputas socioambientales
De esa lista, cuatro regiones registraron niveles de pobreza por encima del promedio nacional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) colocó, por ejemplo, a Loreto, Puno, Huancavelica y Piura en su bloque de regiones más pobres. En conjunto, estas cuatro concentran el 32% de conflictos sociales.
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Por regiones
Hay regiones con más conflictos y más pobreza que -lamentablemente- siempre han liderado las listas. En Huancavelica, por ejemplo, ya no es un problema únicamente coyuntural. “Aunque se agrava con episodios de protesta -como los registrados el año pasado- la conflictividad no es la única explicación. Hay una combinación de varios elementos adicionales que impide, por ejemplo, que el empleo productivo se despliegue de una mejor manera”, comenta Yohnny Campana, economista de Macroconsult.
Explica que lo que lleva a la población a esta situación de pobreza y de entorno de conflictos sociales se relaciona a “la poca cercanía del Estado”. “Acercar al Estado a través del cierre de brechas de servicios como agua y saneamiento, podría cambiar la actitud de las autoridades y la población sobre la inversión privada. Esto aumentaría, por ejemplo, el potencial minero que debe desarrollarse”, comenta.
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Brechas abiertas
Las brechas no se estarían cerrando al ritmo esperado. El año pasado, las municipalidades de Loreto –en conjunto– invirtieron el 57.5% de su presupuesto en proyectos. En detalle, hubo municipios como Manseriche, Pastaza y Puinahua que ejecutaron solo hasta el 20% de sus recursos.
En lo que va de este año, si bien se ha ejecutado –al 19 de mayo– el 27.9% de recursos de los distritos de Loreto, aún hay 14 de ellos con avances que solo llegan al 10%.
“Loreto es una región aislada, que hace muy difícil que el flujo de inversiones llegue y eso explica por qué tienen niveles de pobreza mucho más altos”, comenta Campana.
En Puno, las municipalidades –en conjunto– invirtieron el 70.7% de su presupuesto en proyectos el año pasado. Sin embargo, en el desagregado, la municipalidad distrital de Coata invirtió a penas el 12%, mientras que Achaya registró 14%.
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Este año, el avance de los distritos puneños es de 21.6%, pero hay tres que hasta ahora no gastan un solo sol y otros nueve solo llegan hasta 5%.
“Puno es una región donde más del 90% son informales y el empleo se concentra en el agro familiar. Esto, junto a la brecha de sanidad y social, y el impacto negativo de la minería informal, es un impedimento para el desarrollo de la región”, comenta Paola Herrera, del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Puno es un caso particular que podría reflejar lo que ocurre en el resto del país. La informalidad lleva a la desconfianza por parte de las inversiones formales, lo que se traduce en el estancamiento de empleos y menores ingresos. Si a esto se suma una pobre ejecución en cuanto a servicios básicos, se podría decir que existenlas condiciones para que aparezcan candidatos radicales al sillón presidencial en el 2026.
Herrera del IPE sentencia que mientras no hayan inversiones importantes en las regiones, no habrá mejoras en ingresos (y por lo tanto, la disconformidad de la población podría continuar). “Estimamos que si se ejecutaran todos los proyectos mineros de la última cartera minera, la pobreza se podría reducir en un quinto″. Quedan dos años para que el Ejecutivo pueda revertir estas tendencias de cara a las elecciones.
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Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.
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