Adiós al INPE: el presupuesto que no invirtió, ¿cómo quedaron las obras?

En su lugar, y también fusionando al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), se creará la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Este anuncio cobra especial relevancia porque el INPE, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), cuenta con un importante presupuesto en el marco de la lucha contra la criminalidad. Entonces, ¿qué cifras y proyectos claves están en el radar?

El INPE contó con un presupuesto público de S/ 1,087.7 millones en 2025 para actividades y proyectos. De este monto, ejecutó prácticamente todos los recursos: 96.5%.

Casi la mitad de ello se destina al pago de personal y obligaciones sociales (S/ 518.4 millones) y otro monto importante a la contratación de bienes y servicios (S/ 419.9 millones). Y, pese a que la institución no es “constructora”, también se le asignó un presupuesto para obras.

Al revisar los últimos cinco años (2021-2025), el año pasado fue la primera vez que el INPE recibió más de S/ 1,000 millones para sus tareas. Además, excepto en el 2021 (87.9%), en todos los años ha ejecutado más del 90% del monto asignado.

Principales proyectos de inversión “en el radar”

El INPE cerró el 2025 con un presupuesto que ascendió a los S/ 135.3 millones solo para proyectos (presupuesto institucional modificado - PIM), aunque su capacidad de ejecución fue de un 79%. Es decir, más de S/ 28.4 millones no se gastaron.

Una revisión realizada por Gestión identificó que, al menos desde el 2018, la capacidad de gasto de esta entidad fue dispar, con rangos que van desde el 52% hasta un 100%.

Puntualmente en 2025, el INPE contó con 9 proyectos de inversión con un presupuesto mayor a S/ 1 millón, cada uno. El principal fue el “Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social del establecimiento penitenciario de Abancay (Apurímac)”, con más de S/ 43.5 millones y un avance de solo 88.1%.

El segundo fue la “Rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa”, con casi S/ 40 millones y un avance de 97.6%. Le siguió el “Reacondicionamiento y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Iquitos”, con S/ 20 millones en recursos, pero una ejecución de apenas 56%.

Otros proyectos en este rango fueron una ampliación en el complejo penitenciario de Arequipa y la construcción de subestaciones eléctricas en el establecimiento penitenciario de Trujillo, con presupuestos por S/ 15.2 millones y S/ 1.3 millones, pero avances mínimos: un 24% y 18.6%, respectivamente.

La foto general del año pasado presentó que 24 proyectos contaron con recursos disponibles en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), pero algunos no gastaron sol alguno. Así aparecen dos remodelaciones en cárceles de Juanjuí (San Martín) y Tambopata (Puerto Maldonado), con S/ 50,000 cada una.

LEA TAMBIÉN: Adendas de contratos público - privado no seguirán modelo estándar de cláusula anticorrupción

¿Cómo empezó el 2026?

Para este año, cuya aprobación se dio a inicios de diciembre pasado, el presupuesto que se le asignó al INPE tuvo una severa reducción. En 2025, su presupuesto inicial fue de S/ 89.1 millones para proyectos, pero este año inició con S/ 1.8 millones (presupuesto institucional de apertura - PIA).

Gestión revisó que, en el proyecto de ley de presupuesto público para este año, ingresado al Legislativo el 29 de agosto del 2025, se consideraron S/ 89.5 millones. Es decir, se solicitó 52 veces más de lo que finalmente se aprobó.

Los principales montos estaban destinados para continuar con los mantenimientos en la cárcel de Pucallpa (S/ 26.3 millones), construcciones en la de Arequipa (S/ 28.4 millones) y mejoramientos en la de Abancay (S/ 24.9 millones).

Sin embargo, ninguno de estos se consideró. Al cierre de este informe, solo se observa cinco proyectos de inversión, con montos de entre S/ 763 mil y S/ 35 mil. Este escenario evidenciaría que el actual Gobierno de José Jerí, que inició el 10 de octubre, tenía “en el radar” la eliminación del INPE desde antes de diciembre del año pasado.

LEA TAMBIÉN: Inversión en exploración por petróleo y gas “se hunde” y no se perfora un solo pozo

Cuestionada medida

Carlos Basombrío, exministro del Interior, observó que la medida anunciada desde el Poder Ejecutivo genere un cambio sustancial en la lucha contra la criminalidad. Además de ciertos problemas de gestión de recursos, se suman otros estructurales, comentó.

“Sumar dos problemas no se traduce en una solución. La gestión del INPE tiene problemas enormes, no solo en el campo de la inversión de los recursos para atender a la mejora de los penales, sino también problemas de corrupción y múltiples adicionales”, refirió.

A su lectura, esto buscaría tener un impacto más reputacional que de fondo. “El Gobierno de Jerí ha optado por hacer actos llamativos para ver si logra mantener una atención positiva de la opinión pública. Esto [eliminación del INPE] creo que es parte de ese paquete. Nada va a cambiar en positivo con estas medidas, simplemente juntando dos problemas”, detalló.

LEA TAMBIÉN: ¿“Condenados” a resistir la criminalidad y seguir trabajando? La advertencia de la SNI

Incluso, Basombrío sostuvo que esta medida generará mayores gastos, en un contexto complicado para las finanzas públicas.

“Lo que sí va a generar son costos, quizás no muy grandes, pero es una tristeza que, para un proyecto que probablemente muera con el Gobierno de Jerí, se carguen costos por otro tipo de logotipos, otro tipo de papelería y todos los cambios que se requieren cuando uno cambia de nombre a una institución en el Estado. No será una fortuna, pero tampoco es poco dinero. Es un desperdicio más”, señaló.

A este impacto, Paola Lazarte, experta en gestión pública e infraestructura, recordó que toda reorganización implica que se rediseñen procesos y, probablemente, las planificaciones cambien. Esto alcanzaría la prioridad en los proyectos, por ejemplo.

“Se modifica todo un organigrama. Ahora bien, la idea es hacer las cosas distintas. Siempre habrá un impacto en los nuevos procesos, nuevas formas de gestión y esperemos que sea positivo. El impacto va a ocurrir y, dependiendo de la calidad del cambio, puede ser compensando por mejores prácticas si se lleva bien”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: ¿Más dinero, misma inseguridad? Perú gasta contra criminalidad, pero sin resultados

Lazarte indicó que, ahora con los recientes anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los cambios en contratos de obras, queda en duda si se están recortando las continuidades de proyectos para efectuar cambios en su modalidad. Esto consideró que sería una medida interesante: realizarlas mediante Asociaciones Público Privadas (APP) u Obras por Impuestos (OxI).

Sin embargo, advirtió que los tiempos juegan en contra para que la actual gestión gubernamental pueda concretar la mayoría de estos cambios ante del término de su mandato. “Aún así corrieran y todo sea eficiente, tal vez se pueda [cerrar] una obra mediante OxI. Pero al cambio de modalidad se suma que es una nueva entidad, que implica una curva de aprendizaje”, anotó.

SOBRE EL AUTOR

Ricardo Guerra Vásquez

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.