Esta tarde, cinco gremios empresariales se reunieron para hacer hacer frente al Congreso de la República, que derogó el Decreto Legislativo 1607, que establecía como fecha tope para lograr concluir el proceso de formalización de cientos de mineros (informales e ilegales) este 20 de marzo. Además, el DL exigía un permiso especial para uso de material explosivo. En la conferencia, Leonie Roca, vicepresidenta de Confiep detalló que el 62% de los peruanos considera que la minería ilegal es el principal problema que enfrenta la nación. Este preocupante dato pone de manifiesto la gravedad de una problemática que no solo afecta el entorno económico, sino que también tiene consecuencias sociales y ambientales de gran alcance.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, hizo hincapié en la distinción entre la minería artesanal, que reconoce como una actividad digna y legítima, y la minería ilegal, que ha proliferado a través de prácticas criminales.
“Nosotros reconocemos al minero artesanal, al minero que con gran esfuerzo hace una actividad riesgosa y que algunos son formales o están en vías de formalización. no nos referimos al minero artesanal, si no al ilegal que a a través de un instrumento como el Reinfo ha tenido la oportunidad de mantener esa ilegalidad , y todos sabemos que esa ilegalidad ha llegado a ser criminal”, remarcó.
Además precisó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), “ha alcanzado niveles alarmantes, representando no solo un desafío económico, sino también una grave amenaza para la seguridad y la salud pública”. En ese contexto, hizo un llamado al Congreso de la República “nos hemos reunido hoy porque creemos que nuestro parlamento ha abdicado al crimen organizado”, detalló.
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El peso de la minería ilegal
Este el vicepresidente del el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, presentó datos que revelan la magnitud del problema. Según Zegarra, aproximadamente el 39% del oro exportado por Perú proviene de la minería ilegal, lo que resulta en una pérdida significativa de ingresos fiscales que podrían destinarse a cerrar las brechas sociales en el país. Además, señaló que la falta de estándares de salud y seguridad en la minería ilegal expone a los trabajadores a riesgos graves, incluso mortales.
Uno de los puntos más preocupantes abordados durante la conferencia fue la ineficacia del proceso de formalización de los mineros ilegales. A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno, el Reinfo ha mostrado una tasa de suspensión del 83%, lo que indica que la mayoría de los inscritos no han logrado cumplir con los requisitos necesarios para la formalización.
“El reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad. Otorga a los inscrito la extensión de responsabilidad, es decir no pueden ser procesados de minería ilegal y la criminalidad asociada, solo por estar en el registro, aunque se encuentren suspendidos”, indicó.
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