:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/IRX4LIULHBEJVFBQZD6B63TDYY.jpeg)
Esta semana se debatieron en la Comisión de Constitución del Congreso tres proyectos de ley que tienen como objetivo principal declarar el acceso a internet como un derecho fundamental, para lo cual se buscar introducir un artículo a la Constitución.
En concreto, las iniciativas legislativas fueron presentadas por Alianza para el Progreso y de Perú Democrático. La primera corresponde a la también ministra de Trabajo, Betssy Chávez, con la que se busca introducir en el artículo 2 de la Constitución un numeral.
En la que se indica que toda persona tiene derecho al acceso a internet, el cual es garantizado por el Estado. Agrega que en las entidades y espacios públicos, el ejercicio de esta prerrogativa será gratuito.
La ministra sustentó que la aplicación de esta reforma permitirá dotar de manera progresiva de este medio de información y comunicación a las zonas rurales.
Mientras que Roberto Kamiche -también de Perú Democrático- también plantea reformar el artículo 2 de la Constitución, con diferencias respecto a la iniciativa de Chávez.
El parlamentario plantea que para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho de acceder libremente a internet, el Estado garantizará la infraestructura digital necesaria para ello.
Este planteamiento fue materia de consultas de parte de representantes de otras bancadas, referidas a los desembolsos presupuestales que tendrían que ser necesarios para concretar esta propuesta.
Otro proyecto fue el de Alejandro Soto, de APP. Al igual que las anteriores, incorpora al artículo 2 del texto constitucional un numeral en el que se incluye al acceso a internet como un derecho fundamental.
A ello añade una modificación al artículo 14 de la Constitución para incluir en este que el Estado reconoce el derecho al acceso a internet y a las tecnologías de la información especialmente en el sector educación y en las zonas rurales.
A diferencia de la propuesta de Chávez, Soto señaló que la gratuidad del acceso a internet no podía establecerse taxativamente en el texto constitucional, debido a que el Estado no maneja los procedimientos y tecnología correspondiente.
Tras la presentación de estas propuestas legislativas se espera la elaboración de un dictamen que sea discutido y aprobado por la Comisión de Constitución.
-VIDEO RECOMENDADO-
