La presidenta de la comisión de la Mujer del Congreso, Milagros Jaúregui, confirmó que también derogaron el decreto supremo referente a la capacitación obligatoria en género en el servicio público.
La presidenta de la comisión de la Mujer del Congreso, Milagros Jaúregui, confirmó que también derogaron el decreto supremo referente a la capacitación obligatoria en género en el servicio público.

La Comisión de la Mujer y Familia delaprobó derogar el Decreto Supremo N° 013-2023-MIMP que promovía el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables () para la implementación de oficiales de género para la igualdad en las instituciones públicas.

El decreto archivado hoy fue publicado en enero de este año por el y disponía la creación del cargo de oficiales de género para “promover una cultura institucional basada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades, así como la participación participar en reuniones sobre los mecanismos para la igualdad de género existentes en el país”.

Los oficiales de género, que se encargarían de supervisar la incorporación de los principios de en una entidad acorde a lo establecido en la Ley N° 28983, iban a ser funcionarios del primer nivel organizacional de la entidad pública, seleccionado por la máxima autoridad de la institución. Para ello tendrían en cuenta una serie de criterio que aseguraran la idoneidad del funcionario, lo que incluía que no tuvieran antecedentes por violencia de género.

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La medida ya había sido cuestionada por el Congreso, que en marzo citó a la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, para que sustente las razones detrás de esta disposición.

Este no fue el único decreto archivado por la comisión legislativa. La presidenta de dicha comisión, , indicó a través de la plataforma X que también se derogó el decreto supremo referente a la capacitación obligatoria en género en el servicio público.

Es último decreto había sido establecido en agosto del 2022 y exigía a la capacitación en enfoque de género en las entidades de administración pública y las empresas del Estado para la prevención de la violencia y discriminación por género.

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