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En Colombia, al 9 de abril, se habían registrado 2,223 casos de COVID-19, de los cuales 69 han sido víctimas mortales. Aun cuando esta cifra corresponde a solo el 0.14% de los casos registrados en el mundo, el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio del país desde el pasado miércoles 25 de marzo, según indica un reciente informe de la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO).
A pesar de que inicialmente se estableció que se extendería hasta el lunes 13 de abril, según LAECO, el gobierno confirmó que sería hasta el 26 de ese mismo mes y se espera que, luego de que la cuarentena termine, se continúe con un aislamiento preventivo inteligente.
Si bien, indica el informe, esta medida se considera fundamental para evitar la propagación del virus y proteger la salud de los colombianos, también traerá efectos negativos sobre la economía, principalmente como consecuencia de la disminución del consumo privado, el freno a la inversión y la caída de las exportaciones.
El informe indica que esta situación afectará a las empresas, al empleo y a la población vulnerable del país, entre los que se encuentran trabajadores informales, inmigrantes y población debajo de la línea de pobreza, por lo que el Gobierno ha anunciado medidas fiscales, monetarias y sociales para hacer frente a la crisis.
Medidas económicas
El Gobierno del presidente Iván Duque decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el 17 de marzo del presente año y, por el tiempo que dure esa declaratoria, se autorizó efectuar las operaciones de crédito público interno y externo que se requieran para financiar las apropiaciones presupuestales de la Nación, así como también adicionar la suma de 15 billones de pesos colombianos, alrededor del 4,8% del PIB de 2019, al presupuesto general del país, según el informe de LAECO.
Estos recursos provienen principalmente del Fondo de Mitigación de Emergencias y se destinarán a financiar los programas sociales y de apoyo a empresarios que busca promover el gobierno. Asimismo, la adición al presupuesto se percibe como una respuesta en materia fiscal del gobierno para mitigar el efecto del COVID-19 sobre la demanda, para la cual se ha propuesto que se genere el mayor gasto público posible aun cuando esto implique la revisión de la regla fiscal del país.
Esta regla fiscal le ha permitido al gobierno mantener su déficit en niveles regulados y garantizar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, al ser esta una crisis tan profunda, se ha propuesto hacer una excepción y promover que el gasto público ayude a controlar el impacto del freno de la demanda sobre el mercado laboral y el sector empresarial colombiano.
La respuesta del Banco de la República al COVID-19 ha sido aumentar la liquidez en la economía. Por una parte, se aumentaron los plazos máximos de las operaciones de liquidez con títulos de deuda pública (de 30 a 90 días), se incrementó el cupo de operaciones de liquidez a partir de títulos de deuda pública y privada de 20 billones a 23,5 billones de pesos, y se subastaron 400 millones de dólares en operaciones swap de 60 días mediante el uso de reservas internacionales para aumentar la liquidez en dólares.
Asimismo, se incluyeron a las administradoras de pensiones y cesantías como entidades que están en capacidad de acceder a subastas y ventanillas de liquidez con deuda pública del emisor, y se permitió a las aseguradoras participar en subastas de repos con títulos de deuda pública y privada con el objetivo de fortalecer la liquidez en pesos.
En el mismo sentido, el pasado viernes el Banco Central decidió bajar la tasa de interés de referencia de 4,25% a 3,75% (decisión que no se tomaba desde el primer trimestre de 2018). Si bien estas medidas pueden generar presiones inflacionarias, el Banco ha sido enfático en comunicar que le dará prioridad a políticas que favorezcan la demanda, aun cuando esto implique que la inflación de este año se sitúe un poco por encima del rango meta del 4%.
Además, otras de las medidas que ha adelantado el Gobierno nacional, están relacionadas con la asistencia a la población vulnerable y a las microempresas. Por ello, se han decretado entregas de transferencias monetarias no condicionadas, la compensación del IVA a población con bajos ingresos, el pago diferido de recursos públicos domiciliarios y la regulación de los precios de la canasta familiar.
Finalmente, pensando en las microempresas y buscando reducir el impacto sobre el empleo, a través del Fondo Nacional de Garantías se inyectarán recursos de crédito a la economía para mitigar problemas de liquidez y evitar despidos masivos.
