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Después del alza de precios de algunos medicamentos que se usan como tratamiento contra el coronavirus (como la azitromicina), el Congreso de la República puso en la palestra el tema del acaparamiento y especulación. Solo hasta hace unos días, existía en el Parlamento seis proyectos de ley entorno a ello; e incluso la Fiscalía presentó una iniciativa para sancionar penalmente ambas acciones.
Sin embargo, en las propuestas de los parlamentarios se incluía un tema adicional: el control de precios. De hecho, se conoció un texto sustitutorio en el que referían que el Ejecutivo debería dictar “precios de referencia”.
Ante ellos, el presidente del sector de medicamentos del Gremio de Salud de la CCL, Luis Castillo, refirió que se puede aceptar una legislación contra el acaparamiento, pero no una referida al control de precios.
“La idea de restituir en el Código Penal las penas contra la especulación y acaparamiento, y es una acción con la que estamos de acuerdo. Esto se eliminó hace varios años y eso pone en evidencia una carencia para que las autoridades puedan hacer mejor control. Pero, el tema de control de precios no es adecuado; uno puede pensar lo que quiera, pero no se podría incorporar sin lesionar la Constitución que tenemos, que define una economía social de mercado. No tiene un asidero”, refirió a Gestión.
Para Castillo, la decisión de controlar precios básicamente resultaría en favorecer el mercado negro de venta de medicamentos, porque la primera respuesta sería que se podría generar escases.
Es que un precio máximo menor al del mercado reduciría los incentivos de toda la cadena para colocar productos en el mercado y reduce la cantidad ofertada de medicamentos; en contraste, se generaría un exceso de demanda de medicinas, abriendo la puerta al mercado negro.
Cabe recordar que en abril, los precios de los productos medicinales y farmacéuticos se incrementaron solo 0.22% en Lima Metropolitana, con lo que resta ver el resultado de mayo donde aparentemente se dio el alza en los precios.
Asimismo, indicó que espera que cuando se reduzca el exceso de demanda actual por estos medicamentos, incluso de personas que no están enfermas de coronavirus, los precios tenderán a reducirse. “Aparecen noticias de “la pastilla salvadora” o “el tratamiento que hay que seguir”. Recordemos qué pasó los primeros días de cuarentena, se acabó el papel higiénico. La gente ha salido a buscar esos medicamentos y han acabado con los genéricos”, puntualizó.
-Las compras del Estado-
Una forma de palear el incremento en el precio es que el sector público pueda abastecerse de estos medicamentos. Según Castillo, en los últimos años las compras corporativas de medicamentos que realiza el Estado no ha sido suficiente para atender la demanda de los pacientes.
“Si soy usuario de la salud pública y no hay la medicina en la farmacia pública, tengo que ir a la privada. Todo suma, es un problema complejo. Hay que ponernos a pensar qué resolvemos primero o qué hay que arreglar primero”, anotó.
Recientemente, el Gobierno incluyó en su listado de genéricos a los medicamentos contra el covid-19 y los incluyó -junto a los instrumentos para enfrentar esta enfermedad- dentro de los bienes esenciales. Con ello, remarcó Castillo, se ayuda a que se orienten mejor las compras de medicamentos, que la autoridad sanitaria expida rápidamente registros sanitarios; además, va a permitir ordenar la labor en las boticas y farmacias.
