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La Cámara de Comercio de Lima (CCL), expresó su desacuerdo con el predictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que plantea “medidas excepcionales” para la educación privada básica y superior, entre ellas, el control de precios de las matrículas y pensiones por parte del Estado.
A través de cartas remitidas a dicha comisión, así como a la de Educación, el gremio empresarial advierte que la propuesta de ley “afecta los derechos fundamentales de autonomía universitaria, propiedad, la prohibición de fijar precios directa o indirectamente, libertad de empresa, libertad de contratación y de la no aplicación retroactiva de las normas, tal como lo prescribe la Constitución Política vigente”.
En representación de los centros educativos e institutos de educación privados que forman parte de ella, la CCL advierte que el documento asigna a las instituciones educativas un rol que no les corresponde, pues sostiene que éstas deben garantizar el derecho a la educación, el cual, por mandato constitucional, le corresponde al Estado.
Asimismo, cuestiona que la propuesta del Poder Legislativo transgreda la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, al permitir el acceso a la información financiera de las instituciones educativas, pese a que la Constitución consagra el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, lo que incluye libros, comprobantes y documentos contables y administrativos.
La CCL añade que el predictamen también transgrede la Ley de Protección de Datos Personales, al pretender que se divulguen las planillas de los trabajadores, y establece “obligaciones impropias” porque insta a las instituciones educativas a convocar elecciones para la constitución o renovación de las asociaciones de padres de familia (Apafa), una atribución que solo corresponde a los mismos padres.
Además, el predictamen busca otorgar al Indecopi atribuciones que no tiene por ley, como la de fiscalizar la contabilidad de los centros educativos privados, además de regular un tratamiento tributario desfasado, pues –según el gremio empresarial- las instituciones educativas privadas societarias pagan regularmente el Impuesto a la Renta.
La Cámara de Comercio de Lima subraya también que se desnaturaliza la esencia de la actividad educativa privada porque “la fijación y aprobación de los instrumentos de gestión es, por naturaleza y mandato legal, facultad exclusiva y excluyente” de ellas.
“La autonomía administrativa, económica y académica es concedida a sus promotores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de los Centros Educativos Privados. No corresponde a las Apafa aprobar los instrumentos de gestión de las instituciones educativas”, asevera en las cartas enviadas a los presidentes de la Comisión de Educación, Luis Dioses Guzmán; y de Defensa del Consumidor, José Luna Morales.
Finalmente, la CCL critica que el predictamen busque establecer un control de precios, en la medida que impone la obligación a los institutos de educación superior tecnológicos de exonerar del pago de matrícula y pensiones, y reducir el valor del crédito o de la pensión en un 20%.
