Cargos de confianza superan el 70% en entes públicos y no son por concurso

Los puestos de libre designación y remoción denominados cargos de confianza superan el 70% en las instituciones públicas del país, según observó Andrés Corrales Angulo, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Las designaciones por confianza no proceden de concursos meritocráticos, y por ello no garantizan, necesariamente, la incorporación de profesionales competentes para la gestión pública, consideró, y advirtió que, si además no cumplen con el perfil del puesto, pueden ser un caldo de cultivo para la corrupción.

En muchas ocasiones -indicó Corrales- este tipo de designaciones son funcionales para el "clientelismo" político, y que el directivo -que le debe el puesto a la autoridad- consciente de su falta de mérito "le responde con lealtad incondicional, incluso en actos irregulares”.

A ello le sumó que los puestos de confianza suelen cambiar, casi en su totalidad, cuando se nombra un nuevo ministro o ministra, gobernador regional o alcalde, lo que, acotó, genera serias consecuencias.

“Cuando cambia la autoridad, cambian casi todos. Ingresan nuevos directivos con nuevas prioridades, se inicia una nueva curva de aprendizaje, se vuelve a coordinar con stakeholders, se pierde memoria institucional. En varios aspectos se empieza de cero”, puntualizó.

Ante esta situación, y basado en información de SERVIR, el docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental planteó que, si bien es cierto la confianza no es mala en sí misma, sí requiere ser limitada en número y exigente en el cumplimiento del perfil del puesto.

“Por ello, y en contexto de reformas institucionales, urge la necesidad de respaldar un cambio en la gestión de recursos humanos del Estado que impulsa SERVIR, a través de la implementación de la Ley del Servicio Civil con el propósito de contar con un servicio civil profesional meritocrático en el que solo el 20% de los directivos sean de confianza”, propuso.

De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Función Pública y con la OCDE, contar con un servicio civil profesional meritocrático es una condición para el desarrollo. También es una garantía para la ciudadanía de mayor eficiencia, eficacia, integridad y vocación de servicio”, remarcó Corrales.