:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/HCT5A3WDPJA53I2OZCQCWP2GDQ.jpg)
El plan de ayuda del Gobierno de Estados Unidos para proteger a la economía de la crisis del coronavirus fue promocionado como una ráfaga de dinero a discreción para individuos y empresas con un paquete de US$ 22 billones, pero hasta el momento el programa está encallado, ya que el efectivo no llega a sus destinatarios.
Desde fallos tecnológicos hasta la confusión en torno a la letra chica de las medidas, los retrasos en los pagos van en aumento. La confusa respuesta del Gobierno federal de Estados Unidos amenaza con profundizar y prolongar una recesión ya histórica por lo súbito de su irrupción.
Los estados del país tienen problemas para procesar una montaña histórica de solicitudes de subsidios por desempleo con una tecnología obsoleta. Las grandes empresas, incluyendo las más afectadas por la imposición de medidas de “distanciamiento social”, siguen totalmente a ciegas sobre los detalles de los préstamos prometidos.
Las pequeñas empresas que necesitadas de efectivo de forma desesperada se cuentan por millones, mientras que los bancos todavía no han contado con suficientes días para tramitar el papeleo necesario y poner en marcha un programa de préstamos.
La Reserva Federal, que se apresuró a poner un parachoques a amplios sectores del sistema financiero y a las grandes empresas mediante una campaña de compra de deuda indefinida, aún no ha completado su prometido plan “Main Street” de una red de seguridad de crédito integral.
Para empeorar las cosas, los US$ 2.3 billones en ayuda que fueron aprobados por el Congreso a finales del mes pasado no son ni de cerca suficientes, advierten las empresas.
Cada día que pasa sin que el dinero del Estado federal llegue a los ciudadanos supone un daño innecesario para las empresas y los hogares en todo Estados Unidos, dijo Gregory Daco, economista jefe de Oxford Economics.
Rápido en legislar, lento en aplicar
La rapidez se consideró esencial cuando el llamado proyecto de Ley CARES fue aprobado el pasado 27 de marzo, disponiendo US$ 2.3 billones para compensar las pérdidas en salarios e ingresos provocadas tras las órdenes de confinamiento implantadas por distintos estados para contener el coronavirus.
En aquel momento, republicanos y demócratas, presentaron un inusual frente unido, y la mayoría de economistas estuvieron de acuerdo en que no era el momento de discutir aspectos de corte más bien filosófico como las implicaciones morales, los incentivos erróneos o los peligros para la deuda pública.
A medida que aumentaban los casos de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, también lo hacía la preocupación de que sin un amplio respaldo del Gobierno, las empresas quebrarían y los hogares dejarían de pagar sus deudas a tal magnitud que provocaría el colapso del sistema financiero.
En lugar de una breve recesión en forma de "V", con una profunda caída seguida de un rápido y pronunciado repunte, el retraso de la ayuda fiscal podría generar más problemas en el sistema de carácter crónico.
Pero la teoría y la práctica no se han puesto de acuerdo. Los estados han tenido que enfrentarse en solitario al enorme volumen de solicitudes de ayuda por desempleo, que se dispararon. Más de la mitad de ellos, incluidos California, Nueva York y Pensilvania, siguen dependiendo de sistemas informáticos centralizados con décadas de antigüedad.
La extensión de las coberturas por desempleo a los trabajadores esporádicos o “gig workers”, un punto clave de la ley de rescate, aún no ha sido explicada en las web de los servicios de empleo de los estados. El calendario de ejecución de otro tipo de subsidio individual, consistente en cheques de hasta US$ 1,200 por persona, también sigue sin estar claro.
Las principales empresas del país, incluidas las aerolíneas, que podrán obtener préstamos directos en virtud de la ley de emergencia de US$ 2.3 billones, siguen esperando una explicación detallada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo y cuándo podrán acceder al dinero.
Tal vez lo más inquietante para los millones de pequeños restaurantes, fabricantes y otros negocios considerados la columna vertebral de la economía estadounidense sea que la promesa de pagos rápidos y préstamos condonables se ha quedado en nada.
Cuando el “Programa de Protección de Nóminas” de US$ 350,000 millones fue presentado la semana pasada, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que los pequeños empresarios podrían “entrar en un banco y obtener dinero” a partir del viernes pasado. Sin embargo, se han topado con un laberinto burocrático.
Las entidades de crédito se han quejado de la existencia de una información contradictoria o incompleta por parte del Tesoro y de la Dirección de Pequeñas Empresas (SBA). Las firmas dicen que los bancos no han proporcionado o han limitado el acceso al crédito de sus clientes.
“Esto ha sido un desastre”, dijo un empleado de una entidad bancaria del centro del país.
La puesta en práctica del programa de crédito ha sido tan irregular que la Fed tuvo que intervenir el lunes con una amplia oferta dirigida a los bancos para trasladar los préstamos a las pequeñas empresas a un nuevo programa propio.
Ni siquiera el dinero de emergencia a modo de tiritas ha aparecido. Quienes solicitaron acogerse al programa de préstamos de la SBA el pasado lunes rellenaron una casilla para recibir US$ 10,000 como adelanto del préstamo en tres días. Más de una semana después, varios de los solicitantes dijeron que no habían recibido el dinero.
La SBA no respondió a una solicitud de comentarios. Mnuchin pidió el martes al Congreso US$ 250,000 millones adicionales para el programa porque la demanda de las empresas ha sido muy elevada.
El presidente estadounidense, Donald Trump, bajo presión por la respuesta al covid-19 y ante la perspectiva de elecciones en noviembre, ha negado la existencia de fallos en el programa. El sábado, Trump dijo no haber oído hablar de ningún defecto en su plan de préstamos para pequeñas empresas, regañando a un reportero que le preguntó al respecto.
"Eso es totalmente falso. Estamos muy por delante del calendario", afirmó.
Esperando a la Fed
La Fed ya puso en marcha numerosos programas a gran escala y con una rapidez sin precedentes durante la crisis financiera del 2008.
Pero el plan de rescate definitivo del banco central de Estados Unidos todavía está en fase de planificación: un programa que podrá poner hasta US$ 4.5 billones a disposición de pequeñas y medianas empresas, gobiernos municipales e incluso quizá también empresas poco solventes que se encuentran al borde del abismo por la actual crisis sanitaria.
Al igual que Mnuchin, las autoridades de la Reserva Federal han prometido dar detalles de su programa “pronto”.
Hasta que eso suceda, sectores claves de la economía "real" están en una especie de estado de animación suspendida a la espera de saber qué tipo de rescate se avecina, con qué rapidez y bajo qué condiciones.
Las ciudades, estados, condados y otras entidades territoriales no pueden pedir dinero prestado en el mercado de bonos municipales de US$ 4 billones salvo a tasas de interés con plazos de vencimiento extremadamente cortos, ya que sus ingresos por el impuesto sobre las actividades económicas y sobre la renta se están desplomando.
“No se puede recaudar más dinero para el sistema sanitario o para la enseñanza secundaria ni para nada por el estilo (mediante la emisión de deuda) ya que no hay compradores para ello, por lo hay muchos contratos que han tenido que ser archivados”, dijo Emily Brock, directora de políticas de la Government Finance Officers Association, una asociación de autoridades financieras de la Administración pública.
Brock indicó que si la Fed compra valores en el mercado secundario, habrá espacio para nuevas emisiones.
“Pedimos a la Fed que sea un inversor inteligente, para que otros inversores se sientan cómodos y ayuden a reducir los rendimientos que estamos viendo”, dijo Brock.
