Únete al canal de GestiónEn los últimos días, se ha desatado una controversia en relación con la concesión del megapuerto de Chancay. La Autoridad Portuaria Nacional (APN), hizo un pedido para que se anule la exclusividad de explotación de los servicios esenciales otorgada en el 2021 a Cosco Shipping Ports en el puerto, luego de identificar un “error administrativo”.
Ante eso, Ositran levantó una voz de alarma respecto a la concesión exclusiva, señalando posibles violaciones a la legislación peruana. El organismo declaró que está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades, tras alertar sobre la supuesta concesión indebida. La concesión en cuestión, otorgada por un período de 30 años al consorcio chino, ha generado inquietud dentro de varias divisiones de Ositran, quienes han identificado potenciales contradicciones con las disposiciones legales que rigen la explotación de infraestructuras portuarias de uso público en el país.
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La situación ha suscitado reacciones tanto a nivel local como empresarial. La Cámara de Comercio de Chancay expresó su profunda preocupación ante la inestabilidad jurídica y comercial que podría generar esta disputa. La demanda interpuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) ante el Poder Judicial, solicitando una “corrección” en la explotación de servicios exclusivos por parte de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., genera incertidumbre en la comunidad empresarial y población local.
El gremio empresarial enfatizó el potencial generador de empleo y oportunidades de negocio que representa el megapuerto de Chancay para la región y el país en su conjunto. No obstante, señalan que acciones como esta han sembrado desconfianza y han generado inestabilidad en las inversiones realizadas y proyectadas, tanto a nivel local como nacional.
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Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Chancay ha instado al gobierno central y a las autoridades pertinentes a tomar medidas para restablecer la confianza y la estabilidad necesaria en el entorno empresarial y comunitario. Se espera que las autoridades competentes aborden esta controversia de manera eficaz, garantizando el cumplimiento de la legislación y protegiendo los intereses del país en materia de infraestructura y desarrollo económico.
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