:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4IRDAIQCHNDRTKUGFTTB27E3JM.jpg)
Exministros de Economía consideran que, de tener que pagarle a todos los bonistas de la reforma agraria, el riesgo para el Tesoro público es acotado. Esto a raíz del reciente laudo del CIADI que ordena al Estado peruano darle US$100 millones a la estadounidense Gramercy Funds Management LLC por sus más de 9,700 papeles.
El viernes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también admitió a trámite una denuncia de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) sobre el mismo tema. Sin embargo, los especialistas no ven mayor problema para las cuentas del Estado si se sigue la misma lógica que en el CIADI. ¿Por qué?
Pudo ser peor
Tras conocer el fallo del CIADI, el MEF informó que Gramercy había pedido US$1,800 millones por sus bonos y que la contraoferta peruana fue de US$861 mil. Los US$100 millones finales representan, según el ministerio, los US$33.22 millones pagados por el fondo americano, más intereses a partir del 2009.
“Sí o sí se iba a pagar, la cosa era saber si la forma de actualización propuesta (para calcular el monto) era la correcta. Esa era la controversia. Dentro de esa gama de posibilidades, el fallo ha sido favorable. No era posible que te dijeran cero”, sostiene el ex ministro Alonso Segura.
Lea también: CIADI ordena al Perú pagar US$ 100 millones a fondo Gramercy
Para Segura, ahora el MEF tiene más recursos para resolver a su favor controversias con bonistas. “Ahora hay un fallo internacional que dice cuál es la forma. Entonces, el MEF debería aplicarla a los bonistas domésticos. Veremos qué posición toma el gobierno. Ya tienen un valor de referencia”, afirma.
El ex ministro Pedro Francke explica que el pago a Gramercy saldrá de los recursos ordinarios. “Nos duele cada millón en un país que tiene pocos recursos, pero en términos macrofiscales es un porcentaje pequeño de la recaudación tributaria”, asegura.
Además, el fallo frena las pretensiones de los llamados ‘fondos buitre’, que “tratan de aprovechar estos resquicios legales para buscar formas jurídicas contra los Estados de obtener grandes ganancias especulativas”, dice Francke. A Gramercy se le conoce internacionalmente con esa categoría.
La fórmula
La disputa en el CIADI, además de dinero, giraba en torno a la validez de la fórmula elaborada por el MEF hace una década para calcular los valores actualizados de los bonos agrarios. El mecanismo era convertirlos a dólares, sumarle la tasa de interés de los bonos del tesoro americano para protegerlos de la depreciación de dicha divisa y finalmente agregarle sus intereses propios fijados.
Sin embargo, según los bonistas, la fórmula era injusta. “El MEF sobrevaluó el tipo de cambio de tal manera que, en determinados años, el valor final de los bonos era prácticamente cero”, dice Mario Seoane, abozgado de la ABDA.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/XSTK2QL2FBEZ3CFMPEEJVCX5HA.jpg)
Obtener una fórmula adecuada no es tarea sencilla, debido a la distorsión que genera en los números la hiperinflación de los ochenta, ocurrida poco después de las expropiaciones de la reforma. “Cuando fui ministro, contratamos asesores financieros para que hagan un análisis (...) En esa línea falló el CIADI: la fórmula modificada (por el MEF) no era correcta”, afirma el ex titular de Economía, Alonso Segura.
Aunque el nuevo cálculo del CIADI no le parece peligroso para las arcas públicas, Francke considera que la fórmula sí era adecuada. “Ministros de diversos signos políticos bajo administraciones de derecha, centro e izquierda todos se han mantenido en la misma posición”, dice.
El fallo del CIADI en el caso de Gramercy no es vinculante pero podría servir como precedente a otros bonistas. Por el momento, el pedido de la ABDA a la CIDH no es por dinero, sino específicamente para que se modifique la fórmula de valorización de los papeles a los tenedores en general. La discusión sigue, aunque por ahora con poco riesgo para el Estado.
