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Después de 26 años una entidad pública boliviana remplazará a las administradoras privadas de pensiones (AFP), de capitales suizos y españoles, en medio de la desconfianza sobre el retorno al manejo estatal del sistema previsional.
La Gestora Pública que remplazará a las Administradoras de Pensiones (AFP) informó el viernes que el 2 de mayo comenzará la recaudación de los aportes que recibían las AFP Futuro -de Zurich South America Invest- y Previsión -propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)- después de la nacionalización del sistema de pensiones en 2010 durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Las AFP fueron cuestionadas por su falta de inversiones y rendimientos de las jubilaciones. No obstante, la transición a la nueva administración pública tardó más de 12 años en concretarse.
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“Hasta el 12 de mayo las AFP recepcionarán los trámites... en junio la Gestora realizará los pagos”, señaló en un comunicado la institución estatal que se hará cargo de los aportes de los bolivianos.
La demora en la entrada en vigor de la Gestora Pública hizo que Zurich y el BBVA llevaran a Bolivia a un arbitraje internacional. El año pasado el banco español ganó la disputa tras alegar que el aplazamiento le generó perjuicios al seguir prestando servicios de forma “provisional”. Bolivia fue obligada a pagarle una indemnización de 105 millones de dólares.
Las AFP aún deben recaudar las deudas de los afiliados que están en mora por un periodo de cinco años, informó el gerente general de la Gestora, Jaime Durán. La autoridad dijo que se trata de un “monto muy importante” que no especificó.
“En la Gestora no tengo confianza, ya ha pasado antes, se han robado la plata”, dijo a The Associated Press Vico Calderón, de 60 años, quien trabajó en varios oficios a lo largo de su vida laboral mientras hacía fila en la AFP Futuro en un barrio del centro de La Paz.
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Las malas experiencias del pasado han generado desconfianza en el Estado, expresó presidente de la Confederación de Profesionales de Bolivia (CNPB), Miguel Sorich. “Tiene que haber siempre un control social y una contraparte que pueda permitir la administración, el control y el uso eficiente de nuestros recursos”, agregó.
La cartera que recibirá la Gestora suma casi 24.000 millones de dólares de unos 2,5 millones de afiliados, el equivalente a un 60% del Producto Interno Bruto (PBI). Un 95% está invertido en bonos de largo plazo y proyectos de inversión pública por lo que el Estado deberá recurrir a fuentes de financiamiento para cubrir la salida de esos fondos, según los expertos.
La oposición critica que la Gestora comience a operar sin un directorio y que cuando haya uno será elegido en el Congreso, donde el partido gobernante tiene la mayoría.
La ley también establece que los recursos que administrará la Gestora podrán ser invertidos en empresas estatales. Los trabajadores y dirigentes de los jubilados han pedido tener una representación en la Gestora para cuidar sus ahorros.
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El analista económico Gonzalo Chávez sostuvo que para garantizar un buen manejo de los aportes se debería “crear una segunda gestora pública y permitir que un privado participe en el mercado de los fondos de pensiones. Sólo la competencia va a ayudar a mejorar el servicio y la rentabilidad”.
En tanto, para el experto en pensiones Alberto Bonadona, es una “oportunidad para el Estado para lavar la cara a la administración estatal” y el gobierno del presidente Luis Arce puede demostrar su eficiencia como lo han hecho otros países.
“Porque decir que las AFP era un dechado de virtudes está errado... Ellos no han hecho un buen trabajo, han hecho inversiones mínimas, no se ha garantizado la equidad de género, entre otras cosas”, añadió en declaraciones a AP.
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