Más de 340 arbitrajes sobre obras públicas se disputan en Lima

Luis Bustamante Belaunde, presidente del Consejo de Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL, explicó a Gestión que el arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos en el que dos partes enfrentadas someten voluntariamente sus controversias a la decisión de un tercero imparcial, que en este caso es el árbitro, para dar una solución rápida y definitiva a su disputa.

“La mayoría de los casos están relacionados a contrataciones con el Estado, que representan el 72% del total los casos a agosto del 2022. Luego le sigue los arbitrajes comerciales”, comentó. En el caso de los arbitrajes relacionadas a contrataciones con el Estado -en su mayoría- fueron interpuestas por empresas que han tenido algún tipo de relación jurídica con el Estado.

Ello ocurre -agregó- debido a que el arbitraje institucional da una mayor garantía de solidez, celeridad (con calendario/fechas establecidas) y oportunidad a diferencia de las instancias judiciales, cuyas resoluciones toman más tiempo debido a la carga procesal.

Un detalle a tomar en cuenta es que los arbitrajes referidos a contrataciones públicas han aumentado con el paso del tiempo: al pasar de 212 procesos registrados al primer semestre del 2020 a 388 procesos (casi 400) en el primer semestre del 2022.

En tanto que en los últimos 29 años se han llevado a cabo 7,002 procesos arbitrales de los cuales el 45.8% (3,212) fueron para resolver controversias de obras públicas mientras que 2,741 fueron de ámbito comercial (disputas entre privados) y 205 de concesiones. (Ver cuadro)

En el caso de los arbitrajes comerciales, estas pueden interponerse por todo tipo de controversia respecto a los alcances de un contrato suscrito entre privados que puede ser desde la interpretación del acuerdo suscrito hasta discusiones sobre sus alcances, cumplimiento de obligaciones entre las partes, entre otros.

Entre los 1993 a 2022, el sector con mayor procesos arbitrales -en el caso de comerciales- ha sido el inmobiliario, seguido de servicios y construcción.

“Una de las ventajas principales del arbitraje es la celeridad y flexibilidad en el desarrollo de los procesos. A comparación de un juzgado, donde la duración del proceso es incierta, el arbitraje determina una fecha exacta para la emisión del laudo (sentencia) y son las partes quienes, de forma directa o indirecta, determinan su duración y las reglas de conducción del mismo”, comentó.

Este tiempo -un año- también es similar en el caso de arbitrajes con el Estado. Es decir, en un año se resuelva la disputa. Cabe señalar que el Centro de Arbitraje de la CCL cuenta con una lista de 380 árbitros nacionales y 96 árbitros internacionales de alto prestigio y gran trayectoria que pueden ser designados por las partes.

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Además de los mecanismos descrito, desde la CCL se está desarrollando otra alternativa para la solución de disputas: a través de la Junta de Resolución de Disputas.

Este es otro método alternativo de solución de conflictos cuya finalidad es que las partes prevengan o, en su caso, resuelvan de manera eficiente las controversias que surjan durante la ejecución de un contrato de obra, mientras éste se encuentre en marcha.

Las JRD ejercen sus funciones -manifestó Bustamante Belaunde- desde el inicio de las obras hasta su recepción total y participan como un tercero imparcial frente a los protagonistas de las obras (Propietario o Comitente, Supervisor y Contratista), ejerciendo una función consultiva y preventiva, evitando que surjan disputas ante eventuales desacuerdos de las partes a través de la emisión de recomendaciones y una función decisoria, resolviendo las disputas que pudieran afectar o paralizar las obras mediante la emisión de decisiones de obligatorio cumplimiento para ambas partes.

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