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ProInversión es ambicioso en sus proyecciones futuras para el desempeño de las Asociaciones Público Privadas (APP). Entre 2025 y 2026 buscan adjudicar 68 proyectos por US$ 15,800 millones. Estas carteras, hechas públicas ahora, permiten identificar una serie de proyectos que se entregarían al sector privado en los primeros meses luego de que Dina Boluarte deje el poder. En otras palabras, serían las “primeras entregas” del próximo Gobierno.
En total, son 13 proyectos APP que acumulan una inversión estimada de US$ 5,287 millones. Esta cantidad de dinero representa el 57% de la meta total prevista para 2026 por ProInversión. La agencia busca entregar 38 proyectos por US$ 9,268 millones en el último año de Boluarte en el poder.
Esta meta sería, a su vez, un récord histórico para las adjudicaciones APP si es que se consigue primero el que se busca alcanzar este año: US$ 8,408 millones. A falta de cuatro meses para acabar el año, ProInversión tiene un 72% de avance.
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Composición
Los 13 proyectos que se adjudicarían en el próximo Gobierno, que identificó Gestión, serían por concurso en el tercer y cuarto trimestre del 2026, según el cronograma de ProInversión. El más “caro” de todos, y el único que llega a las cuatro cifras en millones de dólares, es el Proyecto de Rocas Fosfóricas en Concesiones de Salmueras de Bayóvar (US$ 1,000 millones).
Sin embargo, el foco principal de esta “mini cartera” es el sector Transportes. Dejando de lado al Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 550 millones), que incluye a Chinchero y otros siete terminales aéreos; y la Red Dorsal de Fibra Óptica (US$ 860 millones), el resto son carreteras o corredores viales.
El socio de Damma Legal Advisors y experto en infraestructura, Juan José Cárdenas, destaca de esta composición que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) conoce bastante bien las APP.
“Es el sector con más experiencia en el mecanismo. Desde el lado del Estado, fuera de ProInversión, debe tener el mejor equipo técnico para encabezar ese tipo de proyectos”, indica.
Cárdenas saluda también que ProInversión se proyecte más allá de la gestión Boluarte desde ahora, ya que demuestra su compromiso con la inversión privada, más allá de vaivenes políticos. En ello coincide Aldo Reggiardo, socio de Cuatrecasas y experto en proyectos.
“Es una gran noticia. Demuestra que un organismo técnico, aunque esté en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), puede actuar sin perjuicio de quién gobierne. Lo importante es que exista la lista de proyectos y promover la participación privada”, señala.
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Maduración clave
La cartera de 13 proyectos también tiene una particularidad. Si bien se adjudicarían entre el tercer y cuarto trimestre del 2026, hay una posibilidad de que algunos se adjudiquen en el primer semestre, es decir, los últimos meses de Boluarte en el poder.
Este es el caso del Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay - Lambayeque (US$ 550 millones) y el Saneamiento Wash Rural Iquitos (US$ 155 millones). Esto sería bajo una adjudicación directa, lo que significa que han sido proyectos planteados desde el inicio por un proponente privado.
“Una APP puede nacer por iniciativa estatal, pero también como privada. Una empresa presenta una propuesta al Estado, este la analiza, la declara de interés y pasa a estructuración para ver si hay otros interesados. Si no los hay, se adjudica directamente. Eso pasó con el Anillo Vial Periférico (adjudicado este año)”, explica Reggiardo al respecto.
Cárdenas resalta que el proponente privado debe presentar una propuesta bastante madura, con gastos incluidos en estructura financiera, legal y técnica de la propuesta.
“Eso toma tiempo y dinero. Mientras mejor armada esté la iniciativa privada, menos tiempo le tomará al Estado declararla de interés. Igual puede tomar meses o más de un año”, indica el letrado.
La maduración de los proyectos es una observación que ambos especialistas hacen a los 13 proyectos, tomando en cuenta que faltan dos años para que llegue el trimestre donde deberían adjudicarse por concurso.
Reggiardo, por ejemplo, apunta al más caro de todos. “Ya había sido adjudicado años atrás. Lo que han hecho ahora es firmar una adenda, porque el contrato original era para producir otro tipo de mineral. Si se desarrolla es crucial para Perú porque la roca fosfórica sirve para autos eléctricos”, apunta.
Otro asunto es que la meta del 2026 en adjudicaciones es inédita. Para Reggiardo será complicado alcanzar esa cifra porque no hay “muchos proyectos de envergadura” en el futuro, a diferencia de lo que pasó este año con el Anillo Vial Periférico.
Para Cárdenas, la meta será alcanzable en la medida de que las brechas de infraestructura en Perú son enormes. “Es ambicioso, pero con las carencias que tenemos las metas deben seguir creciendo. No es como años anteriores con proyecto grandes que sostenían los montos”, considera.
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¿Y el 2025?
Según el portafolio actualizado por ProInversión para el próximo año, en 2025 se adjudicarían 25 proyectos por US$ 6,500 millones. Con esos números, tanto en cantidad de iniciativas, como en inversión estimada, lo proyectado para este año sería menor a lo que la agencia busca hacer este 2024 y en 2026.
Lo llamativo de la cartera 2025 es la fuerte presencia del sector Saneamiento. Un rubro donde actualmente las APP no despegan. Ya Gestión había hecho notar este hecho en marzo: solo el 5% de proyectos de saneamiento en operación son APP y hay un espacio gigante para que crezcan.
En 2025 ProInversión adjudicaría seis Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La más costosa de ellas sería la PTAR Trujillo (U$ 398 millones). Aparte, también se entregaría a un privado la Desaladora Ilo (US$ 171 millones).
Reggiardo refiere que la “historia poco satisfactoria” de PTAR anteriores ha complicado su evolución bajo el mecanismo APP. “La PTAR Puerto Maldonado (que ProInversión busca adjudicar este año), por ejemplo, ha salido tres veces al mercado, pero por razones financieras no se adjudicaba. El monto de inversión no convencía a los postulantes”, señala.
Cárdenas, en una posición más optimista, resalta los casos de la PTAR La Chira y Taboada, dos APP que descontaminan alrededor del 80% del desagüe de Lima y el Callao, en acuerdo con Sedapal.
“No debería haber problemas para que se adjudiquen. La principal razón por la que avanzan tan lento las APP en saneamiento no es por el mecanismo, por ProInversión o el financiamiento, sino por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). El riesgo está allí”, asegura.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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