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La Ley Nº 31863 es netamente declarativa, pero, podría impulsar la construcción de más plantas desalinizadoras en Perú como una alternativa no convencional para el servicio de agua potable. Además, aparte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), compromete a dos carteras más en esta “cruzada”, lo que amplía el rango de acción del Gobierno.
Esta norma, aprobada a inicios de agosto, declara de interés nacional la implementación de estas estructuras que procesan agua de mar para eliminar sus sales minerales y así contar con un recurso hídrico útil para consumo humano o agrícola. El objetivo, dice el documento, es “cerrar la brecha de infraestructura para garantizar el acceso futuro al agua”.
Actualmente, Perú cuenta con una sola planta desalinizadora en funcionamiento: Provisur, en Santa María del Mar, Lima. Con la nueva ley, tres desaladoras más podrían hacerse realidad en los próximos años, según informó ProInversión a Gestión. ¿De cuáles se trata y qué efectividad tendrían? Aquí las respuestas.
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Las nuevas plantas
Provisur, la primera planta desalinizadora peruana, fue inaugurada recién en setiembre del año pasado. Actualmente, su población meta son alrededor de 100 mil habitantes en Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar.
La obra tuvo una inversión total de US$ 100 millones. Las tres que hoy están en maduración por ProInversión tendrían una inversión superior. En conjunto alcanzan los US$ 304 millones y se llevarán adelante mediante Asociación Público - Privadas (APP).
La Desaladora Paita-Talara es el proyecto que mayor inversión involucrará: US$ 150 millones. Actualmente se encuentra en fase de planeamiento y programación, precisó ProInversión. Esta obra es por iniciativa estatal.
Le siguen dos más que nacen por iniciativa privada cofinanciada y están actualmente en fase de formulación: la Desaladora Ilo (Moquegua) y otra en Lambayeque, que tendrán una inversion total de US$ 105 millones y US$ 49 millones, respectivamente. Sobre el proyecto en la ciudad de Moquegua, el portal de Investin precisa que se estima que se adjudique en el tercer trimestre del 2024.
Cuando se inauguró Provisur, el expresidente Pedro Castillo aseguró que su gobierno impulsaría seis desaladoras más. Además de mencionar a Ilo, Lambayeque y Piura, indicó que habrían dos más en Callao y otra en Arequipa.
Sin embargo, ProInversión indicó a Gestión que en el radar del Estado solo hay un proyecto similar más. “Recientemente la Municipalidad Provincial de Huacho ha decidido ampliar el encargo al MVCS para incluir una planta desalinizadora”, acotaron.
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¿Alternativa viable?
Aunque contar con más plantas desalinizadoras de cara al futuro es positivo, existen observaciones que deben considerarse para su implementación, de acuerdo con especialistas consultados por este diario.
La primero es su elevado costo. “Su implementación sigue siendo alta, por lo tanto debe ser focalizado en nichos de demanda no satisfecha. Por eso la desalinización es una parte pequeña de la oferta de agua de Sepadal. Menos de 300 litros por segundo. Si no, el impacto en la tarifa sería alto. Hoy no es una tecnología para entrar masivamente a reemplazar fuentes de agua”, explica Milton Von Hesse, extitular del MVCS.
Desde el mismo Sedapal resaltan la poca eficiencia actual que tiene la única desaladora ya operativa: Provisur. “Se usa solo al 25%, da solo 250 litros por segundo. Además sobran porque se diseñó para la gente que vive en playas, pero donde sí requieren agua, que es en la zona invadida, no hay redes”, asegura Héctor Piscoya, presidente del directorio de la empresa estatal.
Por lo anterior, Von Hesse cree que el Gobierno debe enfocarse más en garantizar una buena gestión del recurso hídrico, antes de buscar implementar desaladoras. “El problema en Perú no es la fuente de agua. Piura, por ejemplo, tiene dos ríos que con El Niño podrían inundarse, porque les sobra. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) no tienen un buen manejo, hoy pierden el 40% del agua que producen”, afirma.
Piscoya también indica que, en caso se avancen con más desalinizadoras, el Gobierno debería acelerar los procesos. “Es importante porque tenemos playas, pero cada día que pasa nos quedamos sin terreno para hacerlo. Por ejemplo, cuando hacemos colectores, encontramos redes de telefonía y gas natural. Eso encarece los proyectos porque nos cobran por moverlas”, precisa.
La nueva ley involucra en el proceso de construcción de desaladoras, además del MVCS, al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Un punto clave para incentivar la inversión privada en estos proyectos, de acuerdo con Julián Li, socio en Recursos Hídricos de PPU.
“Minem podría dar incentivos para que una minera se abastezca de agua de mar o el Midagri en zonas productivas, como es la agroindustria en Ica y mejorar su productividad. Si dependemos de fuentes ordinarias, como ríos y agua subterráneas, la idea es asegurarlos para las ciudades”, propone el abogado.
Otra alternativa está en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que depende del Midagri. “Hasta 2018 no cobraba por retribución de agua de mar, es decir, pagar por el uso del recurso natural. No cobrarla hoy sería un impulso. Si desarrollas una desaladora, esa inversión podrías recuperarla en el tiempo no pagándole a la ANA una porcentaje. Sería una especie de obra por retribución, como ya pasa con impuestos (OxI)”, resalta Li.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
