La deuda que mantiene el Estado con trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) es de aproximadamente S/ 15,000 millones, según la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) con información a setiembre del 2022.
Esta deuda, que contempla a entidades del gobierno nacional, regionales y municipalidades (detalle en tablas), corresponde a 2,565 instituciones públicas, que retienen mensualmente el 10% de los sueldos de más de 418 mil trabajadores, montos que no se depositan en sus cuentas individuales de capitalización en los fondos de pensiones.
Cabe indicar que el importe que se adeuda es el valor actualizado en base a un monto nominal. Es decir, capta la rentabilidad de haberse depositado los fondos en las cuentas de los afiliados, además de los intereses moratorios y compensatorios.
“Las administradoras de fondos pueden realizar acciones de cobranza administrativa y judicial, pero cuando se trata de instituciones públicas, el Poder Ejecutivo no puede embargar los bienes, y esto da paso a figuras como esta”, dijo Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), explicó.
Prialé señaló que están promoviendo la aprobación de proyectos de ley (1179 y 2405) relacionados con la devolución de la deuda pendiente a través de la figura de REPRO-AFP, los cuales están listos para discutirse en el pleno.
“Solo uno de estos proyectos (el 1179) indica que el periodo de devolución del dinero podría iniciar a partir del 2023, lo que sería el escenario idóneo. Es fundamental que se apruebe, para dar paso a un segundo REPRO-AFP, además del vigente que ya tiene cinco años de ejecución (que contempla las deudas desde la creación del SPP hasta el 2015), que no cobertura a los afiliados bajo la administración del gobierno nacional (es decir, solo afiliados de los gobiernos regionales y municipales)”, apuntó.
El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, mencionó que, como alternativa, el pago podría realizarse con esquemas de reprogramación de la deuda a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como único responsable.
“Como se trata de muchas entidades públicas que están dispersas, sería más transparente que este problema se pueda atender vía presupuesto a través del MEF con un esquema de reprogramación de la deuda. Es decir, que el tesoro público se haga responsable del pago, pero que internamente haya un mecanismo para regularizarlo con las entidades, quizá vía descuentos de presupuesto o a las transferencias que se les hace anualmente. Con esto habría un compromiso más claro con el afiliado”, indicó.
Tuesta destacó que el importe representa alrededor de 2 puntos del PBI, y que de seguir dilatando el pago, la deuda se haría cada vez mayor.
“Es paradójico que en lugar de pagar estos S/ 15,000 millones, que es una deuda que se ha ido acumulando en años, el Estado no ha tenido reparo en transferir fondos por S/ 4,000 millones a Petroperú; no es consistente”, apuntó.
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Monto a pagar podría ser menor
Lo que hace el REPRO es reducir la deuda a las empresas públicas para que pueda ser más factible el pago, pero sin perjudicar al afiliado. En ese sentido, la deuda sería finalmente menor, dijo Prialé.
“En lugar de utilizar el factor de actualización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que incluye la rentabilidad, y factores moratorios y compensatorios, solo incluye el factor de rentabilidad. Es decir, es como si los fondos sí se hubieran depositado en el momento justo en las cuentas individuales y, por lo tanto, hayan captado su rentabilidad. No habría entonces un perjuicio al afiliado”, indicó.
Asimismo, destacó que, al ser las reprogramaciones, un esquema al que se tienen que acoger las entidades públicas de manera voluntaria, el MEF debería ofrecer los incentivos suficientes para que sea efectivo el programa.
“Se debe establecer qué beneficios adicionales hay por acogerse al esquema de reprogramación. Se estaría haciendo un esfuerzo por devolver el dinero que otros malos actores del Estado retuvieron. Es una deuda heredada para las nuevas administraciones”, anotó.
Detracción automática
La presidenta de la AAFP señaló también hay acciones que se podrían organizar en paralelo a las reprogramaciones, como la detracción automática de los fondos de seguridad social.
“También hay medidas que se pueden discutir en el congreso como el Proyecto de Ley 695, que está vinculado a que haya una detracción automática. Es decir que, luego que se haga el pago al trabajador, automáticamente haya una retención de los aportes de seguridad social y que vayan directamente a su institución administradora, en este caso , las AFP”, indicó.