El 72% de recursos usados para consultorías fue a municipalidades

Este concepto hace referencia, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al gasto por la prestación de consultorías, entendidas como insumos para la toma de decisiones de entidades cuya aplicación necesariamente impulse o constituya valor público en el marco de las competencias de cada entidad.

En el 2022 (último año de los gobiernos subnacionales anteriores), los recursos usados para servicios de consultoría realizados por personas naturales en el sector público fueron de alrededor de S/ 81 millones (de un presupuesto de S/ 94.5 millones), de los que S/ 58.4 millones (de un presupuesto de S/ 65.6 millones) correspondieron a los gobiernos locales (concentraron el 72%).

En el 2021, estos gobiernos gastaron S/ 46.7 millones (presupuesto de S/ 61.4 millones) en este concepto. Si se compara contra un periodo más amplio de años 2019-2021 (se hizo un cálculo para filtrar la distorsión del 2020), el presupuesto del 2022 en consultoría es 1.45 veces mayor, de alrededor de S/ 18 millones más.

El año pasado, el avance en la ejecución de los montos asignados para este concepto fue de 89% en las municipalidades. Como referencia, le ejecución de su presupuesto total fue de 72.5% (gasto corriente y no corriente), mientras que el solo destinado a proyectos (obra pública) fue de 63%.

Por departamentos, en las municipalidades de Lima, Áncash, Cajamarca, San Martín e Ica, se concentraron mayores montos ejecutados, y solo tres (de 25, considerando al Callao) tienen una ejecución menor a 80%. La mayoría está alrededor de 90% o más.

Los mayores saltos en el presupuesto, respecto del 2021, se dieron en los municipios en los departamentos de Tacna (4.4 veces más), Madre de Dios (4.2 veces) y Moquegua (2.9). Respecto del periodo 2019-2021, el incremento fue mayor en Madre de Dios (3.16), Lambayeque (3.15) y Moquegua (3.02).

¿Qué hay detrás?

Silvana Huanqui, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), mencionó que el gasto en este concepto estaría relacionado, en principio, con el presupuesto asignado para inversión pública.

“Hay falta de capacidades en los municipios y por eso los gastos fuertes en consultorías. No obstante, se tiene que ver si este gasto (en consultoría) tiene correlación, por ejemplo, con el número y tamaño de proyectos que se promueven. Esto puede ser problemático, porque los entregables o informes de estas consultarías no terminan sumando a que se aceleren los proyectos”, anotó.

Fernando Gonzáles, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó también que estos gastos se dirigen a suplir la falta de capacidades que hay en las municipalidades, en especial cuando se tiene una cartera amplia de proyectos públicos por ejecutar.

“En su mayoría, este tipo de consultorías van dirigidos a actividades de apoyo a la gestión municipal, por ejemplo, recursos humanos o administración. No tiene una relación directa con la inversión pública, pero sí indirecta, pues el hecho de tener más proyectos públicos puede requerir que la municipalidad necesite mayor capacidad de gestión, asesoría, y, por lo tanto, más personal involucrado”, agregó.

Según Huanqui, la figura de consultoría puede ser usada como alternativa para poder hacer órdenes de servicios con miras a que se ejerzan funciones continuas que no corresponden a la naturaleza de una consultoría.

“Es una práctica bastante común en el Estado y se ve con más fuerza en niveles regionales y locales. Debido a las rigideces que existen en las contrataciones, podría ser un uso indebido o abuso del gasto en consultoría. La lógica de un trabajo de consultoría es tener un entregable concreto, pero a veces la práctica común es usar las consultorías como órdenes de servicios para funciones operativas, incluso a tiempo completo sin ninguna estabilidad al trabajador”, indicó.

Eventual mal uso de recursos

El economista Pablo Secada mencionó que es usual ver prácticas de corrupción bajo la figura de consultoría.

“Es un instrumento de clientelismo dentro de los gobiernos locales. Es una manera muy simple de contratar, pues las órdenes de servicio son fáciles de firmar. Se puede contratar a un consultor de verdad sí, pero también a operadores políticos relacionados (favores políticos). Entonces, se puede hacer que alguien firme la consultoría y luego los fondos se repartan entre más personas. La consultoría de verdad, que muchas veces puede ser eficiente, convive con la corrupción”, sostuvo.

Destacó que si bien se tienen que cumplir ciertos requisitos para acceder a una consultoría, es un punto que puede ser gestionado. “Los términos de referencia exigen ciertos perfiles, pero que se cumplan es otra cosa. Se pueden presentar títulos falsos o presentar una experiencia curricular que nunca se ha tenido”, precisó.

Fernando Gonzáles indicó que no hay la suficiente transparencia para hacer seguimiento a este tipo de gastos.

“Hay una falta de uniformidad en cómo se registran las consultorías (en el portal de transparencia del MEF), pues hay consultorías que no se registran en esta partida (de consultorías de personas naturales). En la medida en la que los productos de estas consultorías no se registran con más transparencia, hay un mayor margen para que la Contraloría no pueda hacer un seguimiento exhaustivo y poder identificar un potencial caso de corrupción”, afirmó.

Al respecto, Huanqui mencionó que las consultorías podrían dejar espacio a mal uso de recursos a través de contrataciones de perfiles que no se ajustan a lo que se requiere.

“Es una figura (la consultoría) relativamente fácil para poder malversar fondos, en la medida que los productos (entregables) no seas fiscalizados adecuadamente por las áreas técnicas de cada entidad. En ese sentido, estas ineficiencias pueden terminar en contrataciones de personas que no tenga las capacidades requeridas para la consultoría o que no cumplan con los estándares normativos de la regulación laboral del sector público”, advirtió.

Dato

• El presupuesto (PIM) asignado a consultorías (personas naturales) para el 2023 en gobiernos locales es de S/ 35.6 millones, que representa el 64% del total asignado para los tres niveles de gobierno.