:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/DP6DHMO7AJAENOEZM6SCFKKYFA.jpg)
Únete al canal de Gestión
En los últimos días, se reportan atentados en el sur del país, sobre todo en Puno, contra instituciones públicas -en la comisaría y sede del Ministerio Público- y oficinas de Caja Cusco, Caja Tacna, Mi Banco y financiera Credinka, por parte de manifestantes que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte. Caja Arequipa no se salvó de esta ola de violencia y dos de sus agencias en Puno, Yunguyo e Ilave, fueron quemadas. José Málaga, director de esta microfinanciera, conversó con Gestión sobre el impacto de la suspensión de operaciones del sistema financiero en las regiones en conflicto y cómo perjudica la actividad económica del país.
¿Cómo evalúa estos atentados contra diversas entidades financieras?
Detrás de estas agresiones hay una estrategia terrorista, están implantando terror de manera sistemática y atacando servicios esenciales como el sistema financiero. Estamos secuestrados por una turba de terroristas, no es posible abrir las agencias para atender a nuestros clientes.
¿Han cerrado todas sus agencias en Puno?
Claro. Al igual que todas las instituciones del sistema financiero, decidimos el cierre de operaciones allí. En realidad, ninguna oficina financiera está atendiendo en la zona y esto solo ocasiona una parálisis económica en la región y la economía en general.
¿Cuándo podrían retomar sus actividades?
Ni siquiera podemos tener idea de un reinicio de actividades, porque si abrimos nos destruyen; si atendemos desde las agencias, irán y las destrozarán. Una oficina tiene de 12 a 20 colaboradores y, si es un momento con afluencia de clientes, pueden aumentar a entre 70 y 100 personas, vidas que estarían en riesgo si operamos. Esto no es una protesta legítima.
¿Qué significa una entidad financiera para una comunidad?
El sistema financiero para la economía es tan vital como una posta médica o un servicio alimenticio para los ciudadanos, porque ayuda al crecimiento de los negocios, facilita sus transacciones, rota el dinero y ofrece recursos para subsistir.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/YM7WWSGZDNHOXKIDUHPERNYVD4.png)
¿Están coordinando con la SBS medidas adicionales considerando los últimos eventos?
Estamos viendo la forma de actuar frente a estos ataques. El regulador juega un papel principal en este momento y estamos evaluando distintas medidas de apoyo a los usuarios y negocios. Aun no tenemos una respuesta pública, estamos en coordinaciones, pero en su momento la SBS se pronunciará.
¿Cuál será el impacto de esta violencia en las mypes?
Las fechas en que las mypes crecen, comparadas con meses flojos, son la época escolar, Fiestas Patrias y Navidad. Los manifestantes en Puno y el sur del país ya destruyeron la campaña navideña, ahora van en camino a destruir la escolar.
LEA TAMBIÉN Empresas en Lima empiezan a reprogramar sus deudas
Según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la región acumuló pérdidas de S/ 1,000 millones hasta la segunda semana de enero. ¿Cuánto es hasta ahora?
Más allá del ataque a las instituciones, tenemos una crisis económica, se pierden S/ 1,000 millones diarios a nivel nacional. El monto señalado por la Cámara definitivamente ha aumentado con cada día que se extiende la violencia.
¿Ya se observan los efectos de la menor actividad económica y el alza de precio prevista para el sur?
Es clara la paralización económica aunque las consecuencias se verán en los siguientes meses e incluso un par de años. Este efecto será progresivo, los estragos se irán sintiendo con el tiempo y estaremos alertas al estado en que esto dejará al país.
¿Debería haber una respuesta diferente del Estado ante la convulsión social?
No desmerezco que haya reclamos legítimos de la población, pero en algunos casos están perjudicando a personas que no están dentro de las manifestaciones. Es lamentable que en el camino se pierdan vidas con el pretexto de que un manifestante no puede ser maltratado, pero (estos) sí puede lanzar piedras, quemar negocios, evitar el pase de una ambulancia o bloquear los caminos. ¿Quién decide si una vida vale más que la otra?
¿Cómo esperan que actúe el Gobierno?
El Estado debe tomar decisiones claras, concretas y directas respecto de lo que está viviendo hoy el país; decisiones que permitan una recuperación de las zonas de mayor violencia. No creo estar exagerando, pero allí se está viviendo terrorismo puro, una guerra civil que debe controlarse para restituir el estado de derecho.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/DP6DHMO7AJAENOEZM6SCFKKYFA.jpg)
Ciudadanos van a preferir pagar alimentos que deudas
Este escenario de violencia es diferente, no tiene comparación con eventos anteriores que hayan afectado al país, señaló José Málaga, de Caja Arequipa.
“En la pandemia había un virus, pero el sistema financiero no dejó de trabajar; hubo mucho riesgo pero el enemigo estaba identificado y se encontró como atacarlo”, dijo.
“Ahora no se identifica al enemigo, porque se valen de las protestas, en algunos casos no se entiende el pedido, en otros, es imposible acceder a dicho requerimiento”, acotó.
Según Málaga, el resultado de esta violencia es que los negocios no podrán generar recursos, por lo que los ciudadanos tendrán que priorizar el uso de los fondos que tienen y van a preferir pagar alimentos y colegios que deudas.
“La gente se siente encerrada nuevamente, no hay instituciones financieras abiertas cerca, y lo peor es que quien venía reactivando su negocio se ve muy afectado, ya no podrá reactivarse”, alertó.
El ejecutivo advirtió que si se acentúan las protestas y se ven comportamientos similares en otras zonas, continuarán cerrando agencias pues pondrán en riesgo la integridad de sus trabajadores y clientes.
LEA TAMBIÉN Empresas ahora tienen dificultades para asegurarse contra daños de protestas
