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Este lunes, 22 de enero, mineros artesanales de distintas regiones del país realizan una marcha en Lima, exigiendo se derogue el Decreto Legislativo 1607 y se respete el plazo para formalizarse, hasta diciembre de este año.
La norma que piden derogar fue aprobada en diciembre de 2023 por el Consejo de Ministros, del gobierno de Dina Boluarte. Así, se hicieron cambios en la Ley Contra el Crimen Organizado; también se creó el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.
Los cambios se hicieron con el fin de incorporar acciones que prevengan la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. Otro objetivo, que finalmente se logró con la publicación de la norma en el diario El Peruano, es que las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tengan un plazo máximo de 90 días calendario para presentar el contrato de explotación. Este deberá estar inscrito en los registros públicos.
“Las personas que incumplan lo dispuesto en el presente párrafo, dejan de formar parte del Reinfo de forma automática (…) las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida en el Reinfo por más de un año, tienen un plazo máximo de 90 días calendario para el levantamiento de dicha suspensión, conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 009-2021-EM”, se lee en el Decreto Legislativo, aprobado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera.
De acuerdo con la autoridad edil de Pataz, Segundo Armas, los mineros artesanales también exigen que se respete el plazo de su formalización hasta diciembre de 2024.
La manifestación que se realiza desde esta mañana sigue su ruta por Cercado de Lima, pasará por la avenida 28 de Julio, avenida 9 de Diciembre, avenida Miguel Grau, avenida Abancay, avenida Nicolás de Piérola y avenida Abancay.
Cabe precisar que entre las condiciones para la marcha pacífica, se determinó que, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú no tiene permiso para instalar escenarios o estrados en la vía pública.
En diálogo con Canal N, Máximo Franco, presidente de la Confemin, expresó la preocupación de aproximadamente 500,000 mineros, de los cuales entre 80,000 y 90,000 están registrados, y el impacto indirecto en cerca de cuatro millones de personas.
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