Vicente Zeballos apartó a procurador Amado Enco de presunto caso de corrupción en Minjus

El 19 de setiembre Vicente Zeballos cuando era ministro de Justicia separó al procurador anticorrupción Amado Enco de un presunto caso de corrupción que involucra al sector Justicia.

“Latina” reveló ayer que la Fiscalía investiga supuestos pagos efectuados en el Minjus, a cambio de la reducción o conmutación de las penas desde la Comisión de Gracias Presidenciales. Un caso similar a los “narcoindultos” en el gobierno aprista.

Según el medio, el principal implicado en la investigación es el jefe de Asesoría Jurídica del Minjus, Manuel Larrea Sánchez. Sin embargo, el funcionario denunció una usurpación de su identidad para estos fines.

Gestión conoció que el argumento de Zeballos para apartar a Enco fue que los hechos denunciados “afectan la imagen institucional del Minjus", por lo que corresponde que lo evalúe el procurador del sector, Erick Villaverde Sotelo.

Sin embargo, la decisión del hoy premier habría vulnerado la competencia de la Procuraduría Anticorrupción, pues la entidad tiene por ley la competencia exclusiva de la defensa del Estado en todos los casos de corrupción por ser una procuraduría especializada.

Así lo señala el artículo 46 del decreto supremo N° 017-2008-JUS sobre el sistema de Defensa Jurídica del Estado que este diario pudo revisar.

Apelación

Gestión conoció que el procurador Enco apeló la decisión de Vicente Zeballos, entonces presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando fue notificado el pasado 7 de octubre.

El abogado del Estado presentó el 14 de octubre un recurso de reconsideración en el que solicita que se declare nula la decisión de Zeballos y se restablezca la competencia de la Procuraduría Anticorrupción para ejercer la defensa de los intereses del Estado. Hasta el momento, no habría una respuesta.

Funcionario investigado

El 14 de octubre, la Procuraduría Anticorrupción también solicitó al Ministerio Público ampliar la investigación en curso en contra Larrea Sánchez, quien hasta ese momento no había sido incluido en la denuncia inicial que promovió el Minjus, a pesar que su nombre había sido mencionado por los familiares de los sentenciados como el nexo para acceder a los beneficios penitenciarios a cambio de retribuciones económicas.

Al respecto, la Fiscalía admitió la solicitud de la Procuraduría disponiendo ampliar la investigación en contra de Larrea Sánchez y contra los que resulten responsables, por el presunto delito de tráfico de influencias.

El Consejo de Defensa Jurídica, ahora a cargo de la ministra de Justicia Ana Teresa Revilla, deberá pronunciarse respecto a la decisión adoptada por su antecesor en un caso que podría involucrar a funcionarios de su sector en presuntos delitos de corrupción.