El martes por la noche, un oficio del Tribunal Constitucional dio cuenta de su decisión final e inapelable de declarar como improcedente la aclaración solicitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), después de la revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al caso que se le sigue a Alberto Fujimori.
En conclusión, el tribunal ratificó su sentencia que emitió el 2022 en la que declaró fundado un habeas corpus a favor de Fujimori y restableció los efectos del “indulto humanitario”, que dispuso el 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que fuera revocado por la Corte Suprema.
No obstante quedaban las dudas si es que debe aplicarse o no la sentencia del TC, pues aún existe la resolución de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó que el Perú debía abstenerse de implementar la sentencia del TC, hecho por el cual no se aplicó el indulto hasta el día de hoy.
Este miércoles, Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional sostuvo que la resolución despeja el camino para que se cumpla la sentencia que establece la inmediata libertad de Alberto Fujimori.
“Las sentencias del TC deben acatarse, cumplirse y tienen prevalencia sobre otros fallos”, subrayó el magistrado.
Al ser consultado sobre si los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sobreponen al TC, dijo que “la sentencias de TC deben acatarse y cumplirse, así como las de la Corte Suprema, pero en este caso, la que tiene prevalencia es la del TC”.
“Las decisiones de la Corte (IDH), su jurisprudencia, nosotros las valoramos mucho, pero en este caso nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto y, en todo caso, puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión. Depende ya de las autoridades penitenciarias de proceder con la excarcelación”, agregó el titular del TC.
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¿En manos del INPE?
El titular del TC comentó que depende de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de proceder con la excarcelación de Alberto Fujimori. Asimismo, rechazó que se trate de un distractivo en medio de la crisis institucional, en referencia al caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien se le imputa presuntamente encabezar una red criminal dentro del Ministerio Público.
Precisó que el 21 de noviembre se debatió y votó sobre este caso. “Luego de esto vino este problema que estamos enfrentando. Toda esta situación terrible y dramática, pero nosotros debemos seguir nuestro procedimiento. Nosotros no podemos decir porque hay algo o una situación no podemos publicar. Ese ha sido el temperamento de todos y todos los magistrados, los seis, hemos firmado”, aclaró.
En entrevista a Canal N, Morales precisó que el juzgado de Ica o el INPE deben ejecutar la excarcelación. Como se recuerda, el abogado Gregorio Parco (militante de Fuerza Popular) presentó un hábeas corpus en Ica en el 2020. “Ya las notificaciones han llegado al INPE, al procurador y a las partes de este proceso. Ya es una cuestión que las autoridades administrativas procedan con la excarcelación (...) La voz del TC es que, en mayoría, hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla“.
Los procesos de Alberto Fujimori
Alberto Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro agravado ante las detenciones que se produjeron durante su gobierno del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Se consideró que cometió los delitos de homicidio calificado con alevosía.
A ello se suma su condena a 7 años y medio de prisión por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica al probarse el pago de US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS).
También se le impuso una pena de seis años de prisión por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
Del mismo modo Fujimori fue condenado por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de su entonces asesor Vladimiro Montesinos. Se le aplicó seis años de prisión.
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