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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió en parte la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial, pero rechazó la parte de la demanda que pedía que se precise la interpretación correcta del artículo 117 de la Constitución, la cual fue planteada luego de la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía contra Pedro Castillo.
La solicitud se había presentado a raíz de una serie de fallos judiciales que iban en contra de los métodos de elección del Defensor del Pueblo y otras competencias propias del Parlamento.
En un comunicado, el organismo autónomo indica que “no tiene competencia consultiva” y que solo puede actuar cuando hay casos concretos, en los que se vulneran derechos específicos.
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En el escrito de ampliación, presentado días atrás, se indicaba que “dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro Estado de derecho” el Congreso solicita la “delimitación interpretativa y conceptual” del artículo 117 de la Carta Magna.
El artículo 117 señala que: “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
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