La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, a raíz de las presuntas irregularidades en su gestión durante la pandemia del covid-19.
A Zamora se le atribuye la comisión del delito de omisión, rehusamiento y demoras de actos funcionales, así como la presunta infracción del artículo 9 de la Constitución.
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En ese sentido, se recomienda su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de 10 años.
La decisión se adoptó con 13 votos a favor, 1 en contra y se registró una abstención. Ahora, el informe en mención deberá ser votado y ratificado en el Pleno del Congreso.
En el informe final se cuestiona la labor de Zamora durante la pandemia del covid-19 y algunas medidas que pusieron en riesgo la salud de todos los peruanos, como por ejemplo, la adquisición y suministro de oxígeno medicinal no adecuado y de pruebas rápidas.
El desabastecimiento de oxígeno y las pruebas rápidas
Respecto al primer punto, el legislador Jorge Montoya, a cargo de la investigación, advirtió que las políticas impulsadas por el exministro, como por ejemplo, la imposición del uso de oxígeno medicinal del 99%, provocaron que se obstaculice la compa de oxígeno de 93%, permitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que habría podido ayudar a salvar más vidas.
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“Ante la falta de abastecimiento de oxígeno medicinal, durante el periodo del denunciado se promulgó con excesiva demora el D.U. 066-2020, con el cual se dictaron medias extraordinarias para incrementar la producción y acceso al sistema de oxígeno medicinal en el marco del estado de emergencia nacional (...) el Ministerio de Salud, dirigido en aquel periodo por Víctor Zamora, sin mayor argumento o precedente no dispuso las acciones necesarias vía resoluciones ministeriales para que aquel medicamento fuera al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), como el oxigeno medicinal de 93% de concentración”, cuestionó.
En el documento también se cuestiona la decisión de Zamora de mantener la compra de pruebas rápidas, pese a que la OMS y la OPS no validaban la efectividad de este tipo de procedimientos para detectar el covid-19.
“Sobre la compra de pruebas rápidas, en la denuncia se indica que la OMS y la OPS solo reconocieron el uso de la prueba molecular para detectar el covid-19,; sin embargo, el 19 de marzo del 2020 el Gobierno de ese entonces anunció en conferencia de prensa la adquisición de 1 millón, 400 mil pruebas rápidas, con pleno conocimiento de lo anteriormente detallado”, aseveró Montoya.
La subcomisión también pospuso el debate del informe final de la denuncia presentada contra la expremier Bettsy Chávez, quien es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
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