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Únete al canal de GestiónLa salud de la economía peruana es el gran temor para los votantes que elegirán a un nuevo gobierno el 11 de abril, después de haber soportado el embate de una pandemia que hizo caer el PBI un 11 % y que lanzó a dos millones de habitantes al desempleo en el 2020.
La reacción inicial del gobierno ante la aparición del COVID-19 fue el cierre de la actividad productiva para minimizar la devastación por la pandemia, dado que el sistema sanitario adolecía de históricas deficiencias y confiaba en su respaldo financiero.
Sin embargo, la cuarentena de más de tres meses en el 2020, generó desempleo, por el cierre temporal o definitivo de las empresas, y una urgencia para entregar US$ 16,200 millones de fondos públicos en créditos para intentar salvar a las compañías y en bonos para asegurar la alimentación de millones de familias vulnerables.
Millones de empleos perdidos
“El peor momento que el Perú vivió en pérdidas de empleo se vivió en el segundo trimestre del 2020, en ese periodo hubo una reducción de casi 6.7 millones menos, fue el momento más crítico”, explicó a Efe el Oficial en Políticas de Empleo y Mercado Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Julio Pérez Coaguila.
No obstante, “con el transcurrir de los meses se reabrieron las actividades económicas, comenzaron a abrir las empresas, y al final en el 2020, comparado con el 2019, se perdieron sólo 2.2 millones de empleos” en el país, precisó.
A la crisis sanitaria se sumó el Congreso opositor, que provocó dos cambios de gobernante en menos de un año, y aprobó controvertidas medidas de índole económico que implican millonarios desembolsos para el Estado.
Informalidad laboral al 75%
Además, la pandemia ha agudizado la informalidad laboral, donde siete de cada diez trabajadores no tienen contrato ni beneficios sociales.
En un año, la informalidad, que ya era un problema endémico en el país, creció tres puntos porcentuales y ha pasado de 72% en el 2019, a 75% en el 2020.
El 45% de la informalidad está en los trabajadores independientes y el resto en las micro y pequeñas empresas, según anotó el oficial nacional de empleo.
Pedidos de la industria
Los gremios de la industria tienen gran expectativa por el gobierno que será elegido este año y que deberá reactivar unas actividades productivas paralizadas ya antes de la pandemia por escándalos de corrupción y el enfriamiento de la economía.
“El gobierno entrante debe tener claro que uno de los sectores más importantes es el minero, y que este debe funcionar con una práctica de valor compartido con futuro”, expresó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez.
El industrial se refirió así a la mayor industria del país, de la que dependen la mayor parte de sus ingresos y exportaciones, pero cuyo desarrollo no está exento de críticas económicas, sociales y ambientales.
Unos apuntan a que la minería legal es el motor de la inversión y que se deben dar facilidades para la explotación del recurso, mientras que otros critican los beneficios fiscales de los que gozan las empresas extractivas, el escaso aporte que ofrecen a las comunidades vecinas y sus enormes pasivos ambientales y sociales.
En ese sentido, Márquez agregó que el nuevo Ejecutivo deberá “contar con un equipo de trabajo especializado y que tenga la experiencia para resolver conflictos mineros y productivos”.
La industria también espera que se priorice la inversión privada con una estrategia macro económica que devuelva “el equilibrio fiscal”.
Sin embargo, la situación de debacle económica no parece fácil de revertir sin una implicación mayor de los poderes públicos en la economía, tal y como están haciendo potencias como los EE.UU o la Unión Europea.
Recuperar empleo
Los candidatos que pugnan por suceder al actual mandatario, Francisco Sagasti, tienen claro que la principal demanda es recuperar los ahorros gastados para enfrentar la emergencia y promover la creación de los empleos perdidos.
Yohny Lescano promete crear cinco millones de empleos, bajo el lema de “trabajar y dejar trabajar”, y reducir la informalidad laboral a 30 %, mientras que la candidata izquierdista Verónika Mendoza propone recuperar tres millones de puestos de trabajo en sus primeros dos años de gestión.
Mendoza plantea reducir la informalidad laboral en 20 puntos porcentuales, entregar bonos mensuales a las familias y más créditos a las empresas para restablecer la economía.
En tanto, el exalcalde George Forsyth ha propuesto crear dos millones de nuevos empleos, a la par de un alza de la inversión privada de 5.1% y de 4.8% en la pública.
El ultraderechista Rafael López Aliaga también ofrece dos millones de nuevos puestos, como resultado de un aparato productivo más industrializado e incremento anual de 2% en el PBI.
A su vez, el economista Hernando de Soto promete reducir la pobreza a 10% e incorporar a los inmigrantes a la fuerza laboral formal, en tanto que la exlegisladora Keiko Fujimori sostiene que el empleo llegará con el alza del PBI en 6% y el aumento del ingreso per cápita.
Ninguno ha explicado bien cómo pretende lograr todo esto.
Privados como generadores de trabajo
No obstante, el presidente de la SNI ve con preocupación que algunas propuestas “consideran al Estado como el principal y único actor que puede resolver problemas, como la generación de empleo y la lucha contra la pandemia”.
Por su parte, el funcionario de la OIT remarcó algunas recomendaciones para Perú, en el corto plazo, como invertir en programas temporales de empleo público y la formulación de estrategias de subsidio a la contratación o de garantías para los jóvenes, que están entre los más afectados.
Después de haber sostenido una tasa de desempleo de jóvenes de entre 8 y 9%, en el último año ésta subió a 14.7%, más del doble del 7% del desempleo a nivel nacional en que cerró el 2020 en Perú.
